Con un pie en la cárcel. La Fiscalía Anticorrupción solicitó 36 meses de prisión preventiva para 10 miembros de la presunta organización criminal “El Frente de la Corrupción”, que supuestamente operaba en la Municipalidad Distrital de Mórrope.
A escasas horas de culminar el plazo de detención preliminar, el fiscal Óscar Guevara Gilarmas, de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, presentó el requerimiento ante el Poder Judicial, solicitando a su vez, la medida de comparecencia con restricciones para otros 12 implicados (investigados en libertad bajo reglas de conducta).
Pedido de prisión preventiva
Quienes afrontan el pedido de prisión preventiva son: el médico, Felipe José Granados Carranza, dirigente del partido político Frente de la Esperanza, y excandidato al Gobierno Regional de Lambayeque.
Asimismo, Sergio Chilcón Bravo y Deivis Rimarachín Vásquez - miembros de la citada agrupación política - excandidatos al distrito de José Leonardo Ortiz (a alcalde y regidor, respectivamente).
Completan la lista, Janet Morales Pasache, exalcaldesa de Mórrope; Richard Jimmy Chávez Torres, exgerente municipal; Edwin Chappa Arévalo, exjefe de Abatecimiento; Luis Felipe Martínez Coyco, exjefe de Asesoría Legal; Nadia Cabrejos Bermeo, exsecretaria de Alcaldía; Norma Regina Bances Coronado, exjefa de Almacén; Jorge Peralez Pérez, exgerente de Administración.
Pedido de comparecencia con restricciones
La lista de investigados para quienes el fiscal solicitó comparecencia con restricciones la integran los empresarios José Alexis Querebalú Supo, Jesús Fernández García, Abraham Porfirio García Moreno y Ángel Bustamente Fustamante.
Asimismo, los exfuncionarios: Raúl Alfonso Latorraca Ríos, exgerente de Desarrollo Territorial; Jaime Florencio Navarro Ventura, exjefe de Administración; José del Carmen Chapoñan Baldera, exjefe de Abastecimiento.
Jean Pierre Morante Cumpa, exjefe de Planeamiento y Presupuesto; Amilcar Joel Lizana Bances, exsubgerente de Defensa Civil; Dennis Franz Calero Ríos, exgerente de Servicios Municipales.
Pedro Mendoza Paz, exgerente de Administración; Santos Elevi Gonzales Gonzales, exjefe de Infraestructura.
Rol que se les imputa a miembros de supuesta red criminal
Según la investigación fiscal, Felipe Granados sería uno de las cabecillas de la red criminal, en su condición de presidente del partido político Frente de la Esperanza.
“Su función específica fue convocar a reuniones para designar a quienes serían los funcionarios de la nueva gestión, distribuir tareas, dar órdenes sobre favorecimientos a empresarios, realizar coordinaciones hasta el pago efectivo de las contrataciones direccionadas; con la finalidad de obtener ganancias ilícitas”, consta en el requerimiento fiscal.
Asimismo, Sergio Chilcón Bravo también es imputado como uno de los cabecillas.
“Habría tenido la función de proporcionar su vivienda en calle Juan Buendía - Urb. Patazca, como lugar de concentración y de reuniones para designar a quienes serían los funcionarios de la nueva gestión, distribuir tareas, proponer funcionarios y proveedores”.
El empresario Deivis Rimarachín Vásquez también es señalado como supuesto cabecilla. Es uno de los afiliados al partido político, quien invirtió en campaña e hizo favores a la nueva alcaldesa a cambio de ser favorecido a través de sus empresas.
“Su función específica fue participar en las reuniones donde se designaban a los funcionarios que lo iban a beneficiar, imponer la entrega de bienes o ejecución de servicios sin tener requerimiento previo ni presupuesto, para su posterior regularización”.
Asimismo, a Janet Morales Pasache se le atribuye haber permitido actos de corrupción en el municipio del cual era la máxima autoridad.
Mientras que a Jimmy Chávez Torres se le imputa haber agilizado los trámites hasta el pago efectivo a los proveedores, “tolerando y permitiendo irregularidades; con la finalidad de permanecer en el puesto de trabajo”.
Por su parte, Edwin Chappa Arévalo - según la Fiscalía - era el operador de la organización criminal; responsable de crear necesidades en la comuna e informar a los cabecillas para manejar las contrataciones y contactar a los empresarios.
Del mismo modo, al abogado Luis Martínez Coyco se le imputa haber “orientado legalmente a los miembros de la organización criminal en la tramitación de los procesos de contratación, emitiendo opiniones favorables pese a evidentes irregularidades en los mismos”.
Para la Fiscalía, en la red criminal, Nadia Cabrejos Bermeo, habría tenido el rol de “mantener informados a los cabecillas sobre los movimientos de cada uno de los funcionarios del municipio, además de elaborar documentos falsificando la firma de la alcaldesa”.
Finalmente a Norma Bances Coronado y Jorge Perales Pérez se les imputa haber concertado con los empresarios para las contrataciones direccionadas que causaron un perjuicio de S/217 921.10.
Dato. Los empresarios Joe Querevalú Supo y Jesús Fernández fueron detenidos el 30 de abril pero para ellos el fiscal no pide prisión preventiva.
LEE AQUÍ: Investigan supuesta organización criminal en EsSalud
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