La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque formalizó investigación preparatoria contra seis personas por el presunto delito de lavado de activos, debido a que crearon empresas con supuesto dinero ilícito.
La denuncia inicial era contra 15 imputados por delitos de crimen organizado, defraudación tributaria y lavado de activos, siendo señalado como cabecilla Juber Coronel Gonzales; pero, tras las diligencias preliminares solo quedaron 06 investigados.
“Todo es organizado por el cabecilla, quien ha creado varias empresas a nombre de diferentes personas, las cuales son utilizadas como testaferros con la finalidad de lavar dinero, adquiriendo propiedades sin figurar como propietario”, consta en la disposición fiscal.
A Juber Coronel se le imputa haber constituido la empresa Multinegocios Runakari con un capital de S/10,000, pero solamente para “usarla como fachada a fin de comprar bienes con dinero ilícito”.
Luego de recabar información de la Sunat y Antecedentes Laborales del Ministerio de Trabajo, se advirtió que Coronel es una persona natural, sin negocio, sin un empleo remunerativo, y sin capacidad económica.
Sin embargo en el 2022 adquirió un lote en la habilitación urbana Los Pinos de Ferreñafe (S/ 7,000), dos vehículos no motorizados para transporte de mercancías (S/ 8,000 y S/5,000); un vehículo marca Toyota ($ 43,000).
“Resulta sospechoso que en un corto periodo aparezca como dueño de importantes y copiosos bienes”, sostiene la Fiscalía.
HAY MÁS INVESTIGADOS EN PRESUNTA RED
En la lista de investigados, figura Dora Martiza Barturén Reyes, quien creó la empresa Ingenios Rurales del Norte EIRL con un capital de 12 mil soles; sin embargo se trataría de “recursos blanqueados”.
“Habría utilizado dinero ilícito para insertarlo en el mercado formal mediante la constitución de una empresa, lo que no tiene justificación, toda vez que no cuenta con la capacidad económica, no declara empleo remunerado o actividad acorde que justifique el monto involucrado, además posee deudas coactivas por montos significativos”, sostiene la Fiscalía.
El siguiente en la lista de investigados es Rosalino Medina Cabrejos, quien creó la Empresa Transportes y Servicios KEITO EIRL, y la Compañía Minera Romeing EIRL, pese a no contar con ingresos económicos de alguna fuente laboral.
Posteriormente, realizó un “aumento excesivo de capital” para la primera empresa por la suma de S/ 652,500, a pesar que la constituyó solo con S/ 2,000.
Además hizo “compras de bienes muebles e inmuebles a precios exorbitantes”, como es un predio urbano ubicado en el sector Ajoscancha de Cajamarca por $ 90,000; más un camión marca Hino y un carro marca honda por las sumas de S/ 12,500 y S/ 10,000, respectivamente.
También figura como procesado, Rodolfo Arturo Chávez Arzapalo, quien constituyó la empresa Fuentes Agrícolas EIRL con un capital de S/ 12,000.
Al igual que los demás imputados o presuntos “testaferros”, luego de crear su empresa procedió a realizar adquisiciones sospechosas. En total, entre los años 2021 y 2023, compró 11 vehículos, siendo de S/ 90,000 el más costoso.
Asimismo, figura Elizabeth Yolanda Ramos Calle, titular de la empresa Zafra Peruanas EIRL. Dicha imputada sí acredita antecedentes laborales; “pero ello no justifica que haya obtenido los ingresos suficientes para constituir la referida compañía con un capital de S/ 12,000, más aún si a raíz de ello celebró (cuatro meses después) un contrato de compra venta por S/ 605,000 con Industrial Pucalá SAC”. Por ende, se advierte que realizó una transacción de elevado monto, sin contar con el capital necesario.
Finalmente, figura como investigado Walter Gavidia Oblitas, quien constituyó la empresa Inversiones Las Américas H.G SAC, con el objetivo de prestar servicios de corte de caña y otros, con un capital de S/ 143,000.
Asimismo, creó la empresa Representaciones W&C SAC, con la finalidad de realizar tercerización de labores agrícolas, con un capital de S/ 44,690.
Aunque sí registra fuentes de trabajo, entre los años 2003 y 2005 cuando constituyó las empresas, ya no se encontraba laborando. Incluso, después adquirió 8 vehículos por montos elevados.
La investigación está a cargo de la fiscal María Eneque Yauce, quien citó a los investigados para que rindan su declaración este 26 de noviembre, bajo apercibimiento de ser conducidos de manera compulsiva por la Policía en caso de inasistencia. Además, solicitó a la empresa Agropucalá SAA que remita documentos de la caña de azúcar vendida a los imputados desde el 2018.
