El exalcalde del distrito de Monsefú, Miguel Ángel Bartra Grosso, fue acusado formalmente por el presunto delito de colusión simple en agravio del Estado.
El requerimiento fiscal también alcanza a los exfuncionarios de la comuna, María del Pilar Garnique Custodio, Fiorela del Pilar Gonzales Pisfil, Jessica Mabel Ballena Gonzales, Víctor Agustín Romero Ramos, César Raúl Ramírez Quiroz, Juan Manuel Yaipén García y Manuel Meregildo Tamay.
La imputación también alcanza a Arturo Burga Salazar (exrepresentante del Consorcio Yván Eloy I), pero en calidad de cómplice de colusión.
La documentación alcanzada a Correo detalla que el fiscal Javier Idrogo Rodríguez propone penas privativas de la libertad de 4 años para Bartra y quienes fueron parte de su equipo de gestión. En lo que corresponde a Burga, se plantea la aplicación de una pena privativa de 3 años.
irregular. De acuerdo a la investigación en la Fiscalía, Bartra habría acordado favorecer a la empresa de Burga en la licitación pública N° 001-202018-MDM/CS para la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del pueblo joven Jesús Nazareno Cautivo Sector Oeste”, para lo cual dicho gobierno local programó una inversión de S/ 3 millones 879 mil 925.63.
En la acusación se precisa que Bartra intervino directamente en el proceso de contratación, porque emitió la resolución de alcaldía N° 0141-2018-MDM/A, de fecha 2 marzo de 2018, mediante la cual aprobó el expediente técnico con el referido monto presupuestal.
Sin embargo, el 28 de mayo de ese mismo año firmó la resolución N° 280-2018-MDM/A para disponer que la Oficina de Presupuesto elabore una modificación, y así la suma a gastar quedó al final en S/ 3 millones 965 mil 284. Con ello la diferencia fue de S/ 85 mil 358.37.
El 4 de junio, el exburgomaestre designó al Comité de Selección, a pesar de que dos de sus miembros titulares (María Garnique y Manuel Meregildo) intervinieron en dicho trámite. El artículo 24 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece impedimentos para situaciones de esa índole.
En agosto del 2018, Bartra firmó el contrato N° 01-2018 para la ejecución del proyecto sin que todos los requisitos para la suscripción se ajusten a la normativa.
“Desde los actos preparatorios para la obra se buscó beneficiar al Consorcio Yván Eloy I, realizando el proceso de manera apresurada”, se lee en el requerimiento fiscal.
funcionario. En la presente investigación aparece Juan Yaipén, quien fue gerente de Administración en Monsefú. Actualmente, es jefe de Administración en la Gerencia Regional de Educación, y anteriormente asesoró al gobernador regional, Jorge Pérez Flores.
La Fiscalía le atribuye haber solicitado una certificación presupuestal para la obra, a pesar de que había sido registrada en el Plan Anual de Contrataciones (PAC).
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