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El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo programó la audiencia para debatir una acusación por corrupción que pesa sobre el actual gobernador regional, Luis Díaz Bravo.
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En dicho requerimiento también aparecen como imputados: el suspendido gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión; y los exfuncionarios Harry Gonzales Solano, Wilfredo Castro Carmona, Walter Mondragón Vera, Dick Silva Ravines, Leoncio Paucar Merino, este último exregidor de La Victoria. También los contratistas Víctor Gonzales Fernández y Alejandro Criollo Quispe.
Todos ellos son investigados por actos que configuran el delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
La diligencia se desarrollará el próximo miércoles 7 de setiembre, a partir de las 09:00 a.m., y a través del sistema de videoconferencia.
Mediante la resolución N°21, el juez Reynaldo Leonardo Carrillo indicó que los fiscales, abogados e imputados están obligados a presentarse.
En caso de inasistencia, se procederá a la aplicación de la sanción correspondiente.
Además, el magistrado dispuso que se oficie a la Defensoría Pública, a fin que esta institución designe abogados defensores públicos para los acusados, para evitar retrasos si alguna defensa particular no llegara a participar.
Leonardo enfatizó que esta audiencia es de carácter inaplazable, conforme a lo establecido en el artículo 85°, inciso 1, del Código Penal.
La acusación contra Díaz Bravo y Lozano fue interpuesta el último lunes por el despacho de la fiscal anticorrupción, Karim Ninaquispe Gil.
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Coimas
Tras una larga investigación, la Fiscalía obtuvo pruebas reveladoras sobre las coimas, que un grupo de empresarios entregó a Lozano, Díaz y otros para asegurar el direccionamiento de obras públicas del municipio de La Victoria.
Los hechos habrían ocurrido entre los años 2015 y 2016, cuando Lozano era alcalde y Díaz el segundo regidor.
Una muestra de ello, es lo sucedido con el contratista Salomón Caján Aguinaga, representante de HERSACA, quien en total habría pagado S/ 327,000 al exburgomaestre. Incluso una parte del dinero fue dejada en un baño.
Colaboradores eficaces revelaron que Alejandro Criollo, de la constructora AC&C, habría pagado S/ 100,000 en dádivas por haber sido favorecido en dos obras públicas.
Mientras que Víctor Gonzales, representante del Consorcio Chinchaysuyo, habría obtenido S/ 45,000, dinero que habría sido divido con Leoncio Paucar.
Por tratarse de varios casos, la fiscal Ninaquispe propuso la sumatoria de penas.
Por ello, es que Lozano afronta un pedido de cárcel de 21 años. Respecto a Díaz Bravo, la fiscal propone 7 años de cárcel.
Mientras que para los empresarios Gonzales y Criollo, la pena propuesta es de 5 años de cárcel por el delito de cohecho activo genérico.
