Anselmo Lozano, gobernador regional de Lambayeque, sabía que se le venía la noche

El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, y sus funcionarios más cercanos sospechaban que en cualquier momento serían capturados por las autoridades.

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Hoy detenidos por haber integrado una supuesta organización criminal, dedicada a obtener coimas a través de los proyectos de inversión pública de la Municipalidad Distrital de La Victoria, se presume que habrían actuado bajo modus operandi que fue replicado en el Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque.

Una serie de audios entregados por el colaborador eficaz con código N° 01-218-2020 a la Fiscalía Anticorrupción, en un CD con el rótulo “Conversaciones 9 de noviembre” muestra que la preocupación de estos personajes iba en aumento.

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Temores

Recordemos que en la edición de ayer jueves, este diario detalló la transcripción de la conversación que sostuvieron Lozano y Dick Silva Ravines, donde la autoridad expresa: “Para poder financiar próximos pavimentos, necesitamos esa sutileza para poder hacer el amarre (...)”

En otro momento, él también agrega: “Ya pues. Cuántos irán a joder para darles”, en referencia a las adjudicaciones simplificadas que el municipio esta sacando a concurso.

Según el informe al que se tuvo acceso, en uno de los diálogos participaron Dick Silva y Karla Cotrina Custodio (abogada de Asesoría Legal de La Victoria).

En este hablan sobre una joven llamada “Yuly”, a quien Cotrina encontró muy nerviosa y esta le había indicado: “ayer lo han llamado a mi papá que han intervenido La Victoria (...). Después “Yuly” añadió: “él me está diciendo que en un mes van a girar órdenes de captura para mi papá y todos los funcionarios de la región”.

Frente a esto, Cotrina le expresa a su interlocutor que: “lo único que pueden haber hecho (en referencia a la Fiscalía) es por Criollo, a mí me han asegurado que él está como colaborador”.

Más adelante la abogada señala algo que resulta inquietante: “Se lo he dicho a su papá, te lo he dicho a ti, se lo he dicho a Dick, hasta al ingeniero Harry. Si en algún momento los intervienen por algo, ustedes quédense callados, ni sí, ni no. Guardo silencio y nadie los puede obligar a hablar”.

Los temores comenzaron a crecer el año pasado, luego de salir a la luz las cartas de línea de crédito falsas que la empresa AC&A EIRL, de propiedad de Alejandro Criollo Quispe, presentó para ganar una licitación del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque. El destape se dio en el mes de octubre, pero por indagaciones periodísticas se determinó que años atrás esa misma contratista había realizado proyectos de La Victoria.

Un asunto que motivó la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en esa comuna con el desenlace que hoy conocemos.

Hay una segunda conversación que tiene como protagonistas a Silva y Harry Gonzales Solano (hasta el martes gerente regional de Infraestructura), donde se pone de manifiesto la preocupación del empresario, Salomón Caján Hernández, quien ya estaba al tanto de las actuaciones del Ministerio Público.

Silva asegura que Caján le dijo: “no sé qué hacer, tú sabes que Padilla es bocón”, en referencia a Walther Padilla Mera, empresario que habría tenido trato directo con el gobernador.

A lo que Gonzales le menciona: “le dije que ha llegado la fiscalía, han sacado de Logística, Contabilidad y de Desarrollo Urbano”, pero añade: “Anselmo ya estaba enterado, él mira”.

Era conocido que la Fiscalía había recogido los expedientes técnicos de las obras ejecutadas en el periodo 2015-2018. Incluso Gonzales expresa: “A Rony también lo están siguiendo”. Y a su vez el gerente afirma que fue Lozano quien habría informado a Caján sobre lo que se venía.

De esta extensa conversación, deslacrada en el Ministerio Público, se desprende el temor de que Padilla comience a ‘cantar’.

Harry Gonzales refiere: “sería la peor m..., que a él lo llamen y comience a echar, cómo va a mencionar a la gente”, y Silva responde: “pero Padilla trataba directamente con Anselmo”.

En otra conversación entre Silva y Salomón Caján, este hace conocer su malestar porque la exgerente general, Mary Castro Grosso habría favorecido a Alejandro Criollo en tres procesos de selección.

También expresan que fue Castro, hoy detenida, quien intervino ante el comité del GORE para que la empresa AC & A obtenga la buena pro, pese al documento falso.

Esto último refuerza el indicio revelado por el Ministerio Público sobre la vinculación con Criollo, pues mientras AC & A EIRL realizaba trabajos para la comuna victoriana; William Sime Castro, hijo de la exfuncionaria, prestaba servicios en dicha empresa.

Durante el 2019, Castro Grosso contrató a Marco Tarrillo Bustamante como asesor de contrataciones para el GORE, porque este era cercano a Criollo Quispe. Asimismo su hijo habría influenciado para que se produzca la contratación de Silva Ravines por su conocimiento en licitaciones públicas.

“El cajero”

Un nombre que se repite en esta trama de presunta corrupción es el de Dick Silva, quien es ingeniero y habría comenzado a laborar desde el 2016 en La Victoria, según la resolución N° 797 firmada por el entonces alcalde, Anselmo Lozano.

Dicho exfuncionario estuvo en las oficinas de Estudios y Proyectos y de Infraestructura Urbana.

Desde aquella época también pudo conocer a María Castro, y una vez que Lozano asumió como gobernador; Silva consiguió un puesto de consultor en el gobierno, pero esto solo habría respondido a la estrategia criminal de los investigados.

En la investigación se puede notar que el colaborador eficaz menciona en varias oportunidades al exfuncionario como una de las piezas claves a la hora de trasladar el dinero ilícito.

Según su versión, en setiembre del 2015 el empresario, Salomón Caján alcanzó S/ 55 mil a Dick Silva, de los cuales S/ 25 mil estaban destinados a Lozano, quien con anterioridad le había pedido que no le proporcione sumas altas en la municipalidad porque si pasaba algo, él podía sustentar las sumas de dinero.

Por eso la entrega fue en dos días en la oficina municipal de Lozano. Para ello Silva dejaba el dinero encima del tanque del inodoro del baño y después salía. Es así que el exburgomaestre se acercaba al recinto para recogerlo suyo.

Además, él participaba en los comité de selección de La Victoria, puesto que le permitió ser el nexo entre el entonces regidor, Luis Díaz Bravo y el teniente alcalde, Leoncio Paucar Merino, quienes obtuvieron una coima por S/ 70 mil del Consorcio Chinchaysuyo. Parte de este dinero fue a la campaña electoral del hoy gobernador.

Entre los años 2015 y 2018, Silva Ravines cumplió la tarea de repartir las sumas de dinero que alcanzaban los contratistas ganadores, Salomón Caján, Walther Padilla y Alejandro Criollo.

El dinero no solo iba a Lozano, pues los exservidores: Harry Gonzales, Wilfredo Castro y Walter Mondragón salieron beneficiados.

Por ello, la Fiscalía ha indicado que sobre el gobernador regional, Silva Ravines y otros existen serios elementos de convicción sobre su participación en los delitos de cohecho pasivo impropio y organización criminal.

Los contratistas también serán denunciados pero por el delito de cohecho activo, ya que habrían aceptado otorgar las dádivas, para acceder a los proyectos financiados por el Estado.

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