La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque inició una investigación preliminar contra el consejero regional Juan Pablo Horna Santa Cruz y su hijo Carlos Ricardo Horna Limonchi, tras la denuncia de un presunto caso de contratación irregular en la Municipalidad Distrital de Pimentel.
Denuncia en el Ministerio Público
El Ministerio Público sospecha que el hijo del consejero habría trabajado en esa entidad edil pese a que la Ley de Contrataciones del Estado le impedía hacerlo por el cargo de su padre.
La decisión, contenida en la disposición fiscal N.° 1, está firmada por la fiscal provincial anticorrupción María Janet Eneque Yauce, como parte de la carpeta fiscal N.° 2068-2025, y declara el caso como complejo, fijando 240 días para las diligencias preliminares.
El proceso se remonta a marzo de 2025, cuando el consejero Gustavo Dacio Espinoza Soto denunció ante la Fiscalía que el hijo del consejero trabajaba en la municipalidad costera. Espinoza sostuvo que la información le fue transmitida por Kenny Ruiz Dávalos, lo que levantó sospechas de un posible incumplimiento del impedimento legal.
De acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, los familiares directos de los consejeros regionales tienen prohibido contratar o prestar servicios a entidades públicas dentro de la región mientras dure el mandato y hasta doce meses después de su cese. La norma busca evitar conflictos de interés y situaciones de aprovechamiento indebido del cargo.
La fiscal Eneque Yauce dispuso la recepción de declaraciones de los imputados Juan Pablo Horna y Carlos Horna, además del denunciante Espinoza Soto y del testigo Ruiz Dávalos.
Asimismo, se requirió a la Municipalidad de Pimentel entregar copias fedateadas de toda la documentación que acredite el vínculo laboral de Carlos Horna, incluyendo resoluciones, contratos, expedientes de contratación, remuneraciones percibidas y funciones desempeñadas.
El despacho fiscal también ha solicitado a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) información sobre los bienes muebles e inmuebles de ambos investigados, y al Gobierno Regional de Lambayeque documentación relacionada con las funciones y eventuales vínculos laborales del consejero.
De confirmarse los hechos, los investigados podrían enfrentar cargos por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
