Operaban desde el año 2015, pero en el 2017 la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada les abrió investigación. Entre los implicados aparecen empresarios, remanentes de “La Gran Familia”, abogados y hasta un policía.
Operaban desde el año 2015, pero en el 2017 la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada les abrió investigación. Entre los implicados aparecen empresarios, remanentes de “La Gran Familia”, abogados y hasta un policía.

El crimen no paga. Tras un investigación de más de cuatro años,  las autoridades dieron un nuevo golpe al crimen organizado en la región Lambayeque, tras la detención de presuntos delincuentes involucrados en invasión y usurpación de terrenos, estafa agravada, extorsión, entre otros delitos. Todos ellos permanecerán arrestados  por diez días antes de afrontar un pedido de prisión preventiva, por parte del Ministerio Público.

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“Kike Vásquez”

La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada y diferentes unidades de la Policía Nacional de Chiclayo ejecutaron un gigantesco operativo con la participación de 466 policías para allanar 24 inmueble donde se capturó a 13 integrantes de la presunta criminal denominada “La Resurrección Norteña”.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Enrique Vázquez Zavala (60) alias “Kike Vásquez” y cabecilla  de la organización delictiva; Manuel Antonio Cevallos Gonzáles (48) alias “Abogado”; Frank Guevara Díaz alias “Frank”, “Doctor” o “Doctorcito”; Augusto Enmanuel Díaz Juárez alias “Augusto” “Truki” o “Pelucón”; Linder Jaime Cabrejos Castillo alias “Primo”, “Jaime” o “Linder”.

Así también completan la lista de arrestados: Germán Pedro Guevara Rivas alias “Orejón”; Julio César Campos Ramírez alias “Peter” o “Piter”; Sergio Giovanni Velásquez Llontop alias “Giovanni”; Manuel Concepción Chanamé Jaramillo alias “Carnero”; Lorenzo Campos Saavedra alias “Chota”; y el policía en actividad que integra Seguridad del Estado identificado como José Oswaldo La Torre Cabrera alias “Lato”. Quien se encuentra prófugo de la justicia es Wilmer Augusto Llatas Gastulo alias “Chinaco”.


Modus operandi

Esta presunta organización delictiva operaba desde el año 2015 y, según las autoridades, se dedicarían a usurpar terrenos en los distritos de Mesones Muro, centro poblado Pachérres en Pucalá, Pimentel Santa Rosa y Chacupe del distrito de La Victoria, para lo cual se agenciaban de documentación, minutas y escrituras públicas con apoyo de notarios de la ciudad y luego coludirse con empresas del sector inmobiliario para poner a la venta los terrenos usurpados.

Por ello, en la investigación que siguen las autoridades no descartan comprender a otras personas, incluso a personas que laboran en notarias con quienes se habrían coludido para la tramitación irregular de documentos de terrenos que fueron vendidos a terceras persona en diferentes puntos de la provincia.

En los operativos que se desarrollaron, desde horas de la madrugada, participaron los fiscales Juan Mogollón Castillo y Jhonantan Díaz Calderón, además de 28 fiscales especializados en Crimen Organizado de las ciudades de Trujillo, Piura, Lima y Lambayeque.

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La medida se cumplió luego de la orden de detención preliminar por diez días que emitió el IV Juzgado Especializado Contra el Crimen Organizado que dispuso el allanamiento, descerraje e incautación en los inmuebles, entre viviendas, casetas, estudios jurídicos y locales de empresas inmobiliarias en Chiclayo, Pimentel y Pucalá.

El jefe de la Macro Región Norte de la Policial Nacional, general PNP Jhony Véliz Noriega, reveló que tras el inicio de sus operaciones de esta presunta red en el año 2015, la fortuna que habrían amasado supera los 30 millones de soles, ello tras investigaciones y diligencias que desarrollaron la Policía  Nacional en coordinación con el Ministerio Público.

La autoridad policial resaltó la labor de las diferentes unidades policiales que participaron en el operativo y que lograron detener a los objetivos establecidos por el Ministerio Público. “El personal ha sido de la Policía de Carreteras, comisarías y unidades especializadas, Sanidad, entre otros, que una vez más han demostrado su profesionalismos”, manifestó.

Véliz Noriega calificó la operación de “exitosa”, pero lamentó la detención de un agente de la institución policial. También dijo que en los inmuebles allanados se incautó un vehículo,  arma de fuego, chaleco, equipos informáticos y dinero, los cuales han sido puestos a disposición de la investigación.

La autoridad manifestó que  esta organización, en una primera etapa, tenía la posesión de las canteras y comercializaba sus productos, sustentando con ello la incautación de una serie de documentos, entre boletas de ventas que advertían tal versión.

Sostuvo que esta personas serían rezagos de la organización criminal denominada  “La  Gran Familia”, que lideró Román Ángel León Arévalo “Viejo Paco”, dedicado a la extorsión y sicariato en la región, pues la mayoría de ellos tienen antecedentes y vínculos con los delitos denunciados.

La autoridad policial no descartó que con el desempeño de las investigaciones y declaraciones de los detenidos, nuevas personas sean comprendidas en esta red y se solicite nuevas detenciones, así como aparezcan nuevos agraviados que los incriminen.

La Policía informó, además, que se incautó un moderno vehículo de matrícula BMN-064 y cerca de 5 mil soles a los investigados, que serán puestos a disposición de las autoridades.

La cabeza

Sobre el sindicado cabecilla de la organización criminal desarticulada, Carlos Enrique Vázquez Zavala, el pasado 6 de febrero del 2020, el empresario americano Francis Hernández denunció que sus terrenos adquiridos y ubicados en Las Pampas de Pimentel fueron usurpadas por la organización criminal denominada “La Gran Familia”.

Según manifestó el denunciante, esto ocurrió a pesar de tener los títulos de propiedad inscritos en la Superintendencia de Registros Públicos de Lambayeque y obra en su poder los pagos de arbitrios en la municipalidad distrital.

“El invasor de dicha propiedad es Carlos Enrique Vásquez Zavala, quien cuenta con el apoyo de un notario del lugar, confabulado con un juez de Paz de la zona, el cual le emite los certificados de posesión con fechas adulteradas”, indicó en su momento el denunciante.

El denunciado tiene antecedentes, ya que en octubre de 2018 efectivos de la Policía procedieron a desalojar a las personas que venían “administrando” la garita ubicada en el sector Pedro Vera Casiano, de la comunidad campesina Santa Lucía de Ferreñafe.

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