José Luis Castillo Silva, integrante del Consejo Directivo del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) de Lambayeque, continúa en el centro de la polémica.

En las últimas horas se conoció que este funcionario, vinculado al Gobierno Regional de Cajamarca, registra una condena firme por el delito de tráfico de influencias en agravio del Ministerio de Educación (Minedu).

El fallo fue confirmado en el año 2005 por la Corte Suprema de Justicia, mediante la resolución N.° 2412-2004. Este antecedente cobra especial relevancia tras la difusión de la Carta N.° 094-2025-GORECAJ/DCDPEOT/JLCS, documento que lleva las firmas del gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara Rodríguez, y del propio Castillo Silva.

En dicha carta, ambos funcionarios proponen la contratación de profesionales cajamarquinos en el trasvase del Proyecto Olmos, bajo el criterio de origen geográfico. Sin embargo, esta iniciativa no habría sido bien recibida en el Consejo Directivo del PEOT. Según fuentes consultadas por Correo, un trámite de este tipo podría configurar tráfico de influencias y vulnerar la Ley de Contrataciones del Estado.

La controversia se produce en un contexto particularmente sensible, ya que actualmente se encuentra en proceso de subsanación de observaciones —formuladas por la Contraloría General de la República— la “Primera Convocatoria del Concurso Público de Méritos N.° 003-2025-GR.LAMB/PEOT”. Dicho proceso busca cubrir 126 plazas laborales bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 para el trasvase del Proyecto Olmos.