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Los empresarios Max Ayora Inoñán y Olivio Huancaruna Perales serán investigados de manera preliminar por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque.
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Así lo establece una reciente disposición, emitida por el despacho del fiscal adjunto, Aldo Paredes Delgado.
Las diligencias, en esta primera etapa, se efectuarán por el plazo de 8 meses, pues la denuncia advierte que entre los años 2014 y 2018 se habrían cometido delitos tributarios, de organización criminal y fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de Agropucalá e Industrial Pucalá.
Es preciso indicar que en la disposición del fiscal Paredes también aparecen, en la condición de investigados, un total de 40 ciudadanos y 28 diferentes negocios comerciales.
En lista
Entre las empresas implicadas aparecen Distribuidora F &M SAC, Importadora CARL EIRL, Comercial Lupe EIRL, Negocios y Servicios de Transporte Kristel EIRL, Productora Mayorista del Perú SAC, Negocios y Comercios David EIRL, APG Negocios Generales San Bartola EIRL, Comercial Chelin EIRL, Comercializadora y Servicios Múltiples EIRL.
Asimismo la Comercializadora y Servicios Múltiples Marbrisa EIRL, Motor’s Perú Import Export EIRL, Yeriyosap EIRL, Negocios y Servicios Generales Brayan Leonardo EIRL, Importadora K y R EIRL, Distribuidora F & M SAC, Negocios y Servicios Osmar SAC, Akros Arquitectos SAC, New Pearl Corporation SAC, Alpha Outsourcing SAC, Pacifico SAC.
Finalmente, Inversiones Inmobiliarias Miramar SAC, Eco Agrícola Olmos SAC, Agro Industrial San Salvador SAC, Comercializadora Moche SAC, Empresa San Juan SAC, Empresa PERUSA y Empresa Altomayo SAC.
Según la denuncia, interpuesta por el abogado Edmundo Gálvez Rodríguez, un grupo de exdirectivos habrían incrementado sus patrimonios de manera notable, pese a que, desde el año 2014, comenzó la grave crisis económica, que hoy perjudica seriamente a toda la masa laboral.
A partir de esa fecha, Agropucalá tuvo como directivos a Luis Dávila y Max Ayora; posteriormente les siguieron Yolanda Pérez y Paulina Ventura.
Para cumplir sus objetivos, los denunciados habrían falseado los balances, omitiendo las pérdidas, ya que nunca hubieron informes sobre los ingresos reales por la venta de azúcar, melaza, bagazo y alcohol.
El abogado Gálvez indicó que tampoco se supo con certeza la cifra sobre la real cantidad de caña de azúcar sembrada por Industrial Pucalá SAC. La omisión también se observaría en la falta de una auditoría contable para determinar los ingresos y egresos que tenían las dos empresas, así como las ganancias de ambas.
Citación
El fiscal Aldo Paredes programó para el 2 de mayo las declaraciones de Ayora, Huancaruna y Dávila.
Ellos deberán presentarse a esta diligencia en la compañía de sus respectivos abogados, a fin que respondan al interrogatorio.
Mientras que las declaraciones de Pérez Arrascue, Ventura Zapata y Álex Timaná fueron fijadas para el 3 de mayo.
El exjuez civil Óscar Tenorio fue citado para el próximo jueves 12 de mayo, y el excongresista por Lambayeque Marvin Palma para el día siguiente.
Así todos los protagonistas de esta nueva indagación de la FECOR desfilarán en el Ministerio Público hasta el 19 de mayo.
La Fiscalía también ha requerido que la Oficina de Registros Públicos informe sobre los bienes que aparecen a nombre de los denunciados. De igual modo se solicitó información a notarías de Chiclayo y de otras ciudades.
