Lambayeque: Envían informe a fiscal sobre compactadoras

La Contraloría General de la República ya remitió el informe de control específico N° 009-2022, relacionado a la adquisición de 14 compactadoras, a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que investiga este caso.

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El especialista Jorge Chávez Pita afirmó que este documento contiene “elementos suficientes” para que se incluya en la investigación fiscal a los dos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) que aparecen involucrados en la contratación.

Proceso sancionador

Dentro de las recomendaciones que menciona el informe, se notificó al Órgano Instructor de la Contraloría para que realice un proceso administrativo sancionador (PAS) contra los subgerentes del municipio que están comprendidos en los hechos.

Se trata de Gino Chanamé Díaz, subgerente de gestión de residuos sólidos; y Carlos Enrique Montalvo Calderón, subgerente de Logística, quienes integraron el comité de selección que otorgó la buena pro para la compra de las compactadoras.

La Contraloría concluye que ambos funcionarios admitieron la propuesta del Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú a pesar que no cumplía con los requisitos técnicos exigidos para la elaboración de la caja compactadora.

Fuentes de la Contraloría mencionaron a este diario que los subgerentes podrían ser inhabilitados hasta por 5 años para ejercer un cargo público, luego que el órgano instructor revise su participación en los hechos.

En el caso del ingeniero mecánico electricista Pedro Reyes Tassara, el órgano instructor evaluará si adopta acciones administrativas en su contra ya que no es funcionario de la municipalidad.

Ayer, Correo trató de comunicarse con Reyes Tassara, pero el ingeniero no respondió nuestras llamadas telefónicas.

Hace unos meses, cuando este medio le solicitó una entrevista, Reyes se negó a responder aduciendo que brindaría sus descargos una vez que concluya la indagación de la Contraloría.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la Fiscalía también tendría que evaluar qué acciones adoptará contra este ingeniero, al no ser un funcionario edil.

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Otro indicio

Jorge Chávez, especialista en contrataciones del Estado, consideró que el informe es “contundente” sobre la participación que tuvieron los funcionarios y Reyes Tassara en el otorgamiento irregular de la buena pro al Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú.

“Creo que aquí hay delitos por los que los funcionarios deben ser sometidos a un proceso. La Fiscalía debería intervenir, incluso con detenciones preliminares. Aquí hay graves irregularidades”, señaló.

Cabe recordar que en marzo pasado, la Fiscalía Anticorrupción inició la investigación preliminar de este caso por 120 días. Este plazo se fijó para determinar a los presuntos responsables y en qué delitos habrían incurrido.

Chavéz Pita mencionó que las conclusiones de la Contraloría arrojan una nueva evidencia con respecto a una de las cartas fianza.

En un reportaje anterior, Correo advirtió que la carta fianza para uno de los contratos con el Consorcio (el de las 2 compactadoras de mayor volumen) fue emitido el 11 de noviembre del 2021 por la Positiva Seguros.

Sin embargo, esta garantía entró en vigencia desde el 08 de noviembre de ese año, es decir, tres días antes de su emisión.

Un hecho importante que advirtió Contraloría es que para la compra de esas 2 compactadoras, participó un único postor (el Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú).

Su propuesta fue evaluada el 27 de octubre del 2021 por el comité de selección y ese mismo día se le otorgó la buena pro. Pero la publicación del otorgamiento de la buena pro se realizó recién el 3 de noviembre.

Por haber existido un solo postor, la MPCh solo tenía hasta el 28 de octubre del 2021 para publicar el consentimiento de la buena pro, tal como establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

“Cuando hay varios postores, se dan 8 días para consentir la buena pro porque uno de ellos podría apelar. Pero si hay un solo postor, ¿quién podría apelar? Nadie, se da un consentimiento automático, que debería publicarse al día siguiente”, explicó Chávez.

El especialista afirmó que si el consentimiento se publicaba el 28 de octubre, el Consorcio no podría haber presentado la carta fianza -para la firma del contrato- debido a que la fecha límite vencía el 10 de noviembre, de acuerdo a Ley.

“En vez de consentir la buena pro al día siguiente, lo extienden hasta el 3 de noviembre. ¿Por qué lo hacen? Porque de esa forma, el Consorcio sí pudo tener la carta fianza a tiempo”, indicó Chávez.