La Gerencia Regional de Salud (Geresa) del Gobierno Regional de Lambayeque perdió el arbitraje que inició el Consorcio Grupo Médico, por la nulidad de un contrato de 12 millones de soles para la compra de 34 ambulancias.
Como se recuerda, dicha compra se realizó en junio de 2022, durante la gestión del gobernador provisional, Luis Díaz Bravo, quien designó como gerente regional de Salud a Juan Alipio Rivas Guevara.
Por aquellos días, había sido detenido Anselmo Lozano Centurión (gobernador titular) debido a actos de corrupción; sin embargo, al vencer el plazo de la detención preliminar, retornó al cargo y declaró nulo el contrato entre el Consorcio Grupo Médico y la Geresa, debido a que las ambulancias no cumplían las especificaciones técnicas.
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Es así que dicha empresa interpuso la demanda y, hace unos días, el Centro de Arbitraje de la Asociación de Centro de Altos Estudios de Fomento y Capacitación, aceptó su pretensión.
Mediante el expediente N° 2302 - 2023, el Tribunal Arbitral declaró la invalidez de la Resolución Ejecutiva Regional N° 000635-2022-GR.LAMB/GR, de fecha 26 de diciembre de 2022, con la cual Lozano Centurión declaró la nulidad del contrato entre la Geresa y la demandante. Ahora, la actual gestión que dirige el gobernador Jorge Pérez deberá reconocer dicho contrato, y efectuar el pago correspondiente.
Durante la audiencia de sustentación, la Procuraduría Pública Regional sostuvo que la cuestionada empresa “tiene que devolver íntegramente lo indebidamente cobrado que es la suma de S/3′750,000.00″.
Asimismo, resaltó lo señalado por el Órgano de Control Interno (OCI) en su informe N° 044 – 2022, que las ambulancias fueron recepcionadas, sin que se haya realizado una prueba operativa de vehículo, pese a estar establecido en las bases del proceso de contratación directa.
La Contraloría reveló, tras la revisión aleatoria de cuatro ambulancias, que estas fueron instaladas sobre el chasis de una camioneta de la marca Nissan Frontier, modelo S 4x4 MT. Asimismo, reveló que el año de fabricación de dichos vehículos corresponden al 2021 y no al 2022, conforme a lo que estipulan las bases de la Contratación Directa N° 04-2022.
“No existe evidencia, de que se haya realizado la prueba, por lo tanto, no se cumplió con dicho procedimiento, lo que demuestra no solo función negligente de los responsables, sino dolosa e ilegal (…) siendo que se benefició al demandante”.
Sin embargo, la defensa del Consorcio Grupo Médico sostuvo que el GORE resolvió el contrato asumiendo que el informe de OCI era “una verdad o situación definitiva, cuando en realidad es un acto de investigación”.
Es así que finalmente, el Tribunal Arbitral resolvió que el GORE declaró la nulidad de un Contrato omitiendo el análisis de factores como oportunidad, costo beneficio, satisfacción del interés público, estado de avance de la contratación.
“Queda claro que, en la Resolución Ejecutiva Regional N° 000635-2022-GR.LAMB/GR, no se ha establecido ninguna razón por la cual se optó por determinar la nulidad del Contrato en lugar de continuarlo, a pesar que se trataba de un contrato en plena ejecución”, resolvió.
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