El gobernador regional de Lambayeque, , también deberá responder por la denuncia, que advierte irregularidades en compras realizadas por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

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La tarde del miércoles pasado, un grupo de consejeros regionales solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que la máxima autoridad del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque sea incluido en la investigación. Lo mismo pidieron para los funcionarios: Henry Vasquez Limo, César Urpeque Morales (exjefe del COER), Kristian Polo Sánchez, Francisco Guimoye Cadenas y para la consejera, Glender Núñez García.

Este caso deviene de las denuncias realizadas por los representantes de las empresas Pacífico SAC e INKA EIRL, quienes aseguraron haber entregado grandes cantidades de alimentos al COER, pero que llevaban varias semanas exigiendo a los responsables el pago por sus productos.

En las últimas horas se reveló la denuncia de un tercer proveedor, el cual asegura que el año pasado proporcionó un lote de alimentos por la suma de S/ 926 mil, y que hasta el momento nadie cumple con cancelarle. Una situación parecida atraviesa Magaly Viviana Vargas Ascurra, quien informó a los consejeros haber contratado con la referida entidad por la suma de S/ 100 000.

“Las pruebas mostradas por cuatro proveedores evidencian que está en juego una suma de 3 millones de soles”, indicó el consejero, Antonio Sánchez Chacón.

En la documentación alcanzada a Fiscalía se precisa que “todos ellos aducen haber coordinado directamente con el señor Urpeque bajo la modalidad de compra directa para ayuda humanitaria, fueron proveedores del COER que hasta la fecha no se les cancelaba el dinero que se les había prometido entregar en 3, 15 o 30 días”.

También se añade que los contratistas mostraron videos, grabaciones de llamadas, documentos que podrían acreditar la irregularidad la manipulación en el Sistema de Gestión de Correos del GORE, con lo cual se habría contactado a los proveedores para invitarlos a participar de los procedimientos administrativos.

Respecto a Díaz Bravo, la denuncia sostiene que este no cumplió con separar del cargo a César Urpeque, pese a la gravedad de los hechos y que solo dispuso el inicio de un procedimiento administrativo.

En cuanto a la consejera Núñez, se indicó que habría obstaculizado la fiscalización de sus colegas, dada su cercanía con Urpeque, con quien participó en una actividad en Ferreñafe.