Luego de las escandalosas denuncias por presuntos actos de corrupción en la II Macrorregión Policial de Lambayeque, llama la atención que el Ministerio Público no haya solicitado ninguna medida coercitiva contra los implicados, a pesar que algunos abogados consideran que sí existen elementos para ello.
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Como se recuerda, un policía con el rostro cubierto reveló que el general PNP, Max García Esquivel les exigía una “cuota” mensual de S/3,000 a los comisarios para mantenerlos en sus cargos.
Asimismo, propietarios de discotecas y Nigth Clubs denunciaron que el oficial les cobraba un “cupo” de S/3,200 semanal, a cambio de no ser intervenidos en operativos. Incluso, grabaron al suboficial Ray Velásquez Calsin cuando recibía la coima de uno de los empresarios.
Grupo
A pesar de ello, el general y su subordinado solo han sido removidos de sus puestos y actualmente se encuentran en Lima, donde gozan de libertad.
Este último, antes de irse, acudió al llamado de la Oficina de Inspectoría PNP de Lambayeque para recibir una Resolución de Investigación Administrativa Disciplinaria, por los hechos revelados.
Precisamente, él integra el grupo de suboficiales que fueron recomendados por el mismo general, Max García, para que lo acompañen durante su gestión al frente de la II Macrorregión Policial.
Precisamente, en la lista a la que tuvo acceso Correo, figuran policías que ya han sido sancionados antes por Inspectoría. Tal es el caso del capitán PNP, Héctor Manuel Vásquez Toro, en cuyo régimen disciplinario, figuran 08 días de suspensión.
Asimismo, figura César Enrique Chumpen Baigorria, quien fue denunciado por un presunto pedido de coima a un mototaxista.
También aparece Luis Edinson Arroyo Gaoyo, quien en su haber registra 16 días de suspensión, 164 correctivos y 8 días de sanción de rigor. Él también fue involucrado en la denuncia de pedido de dinero a un chofer a cambio de dejarlo en libertad.
También aparece César Gonzales España y Janvs Gonzales Carrasco, quienes registra 56 y 34 días de sanción simple, respectivamente.
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Opinión
Al respecto, el abogado Luis Gilberto Carrasco señaló que los hechos se subsumen en el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, previsto en el artículo 395-A del Código Penal.
“Si el general en el ejercicio de su función, haciendo uso de su condición de policía, ha solicitado presuntamente un beneficio económico a su favor, a determinados efectivos y a empresarios de la ciudad de Chiclayo, puede subsumirse en este delito”, dijo.
Asimismo, sostuvo que si el Ministerio Público analiza los hechos, podría pedir al Poder Judicial la prisión preventiva contra los implicados, por la existencia de indicios razonables de la comisión del delito señalado.
“Se puede advertir que sí hay dos elementos importantes que requiere la prisión preventiva: la prognosis de pena, porque el delito de cohecho pasivo en la función policial, la pena es de 5 a 10 años de cárcel. Y de acuerdo a los videos y las declaraciones que hay, que han sido de público conocimiento, también superaría el test de graves y fundados elementos de convicción que se requiere como condición para dictar una prisión preventiva”, señaló.
Del mismo modo, el abogado Percy Panta dijo que la denuncia puede configurarse como cohecho pasivo propio, si el general solicitó dinero para realizar un acto en contra de su obligación.