Municipalidad Provincial de Chiclayo puede anular contrato con Consorcio, según concejal

Por segundo día consecutivo, el Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú volvió a incumplir la entrega parcial de las 14 compactadoras.

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Ante la presión que hicieron los regidores Andrés Puell Varas y Jony Piana Ramírez, la gerencia municipal ofreció aplicar penalidades a la empresa por este retraso.

Sin embargo, de acuerdo al contrato suscrito para las dos primeras compactadoras de 21 metros cúbicos, ya se ha superado el 10% del monto total y la municipalidad podría anular el contrato.

Versión oficial. Durante la mañana de ayer, los regidores acudieron nuevamente a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) para exigir respuestas por la entrega de las compactadoras.

Puell Varas remarcó que sin esta maquinaria, el recojo de basura continúa siendo deficiente.

Además, mencionó que la actual gestión tampoco ha priorizado reparar las compactadoras antiguas que -debido a fallas técnicas- en ocasiones no pueden ser utilizadas por los obreros.

“Estamos hablando de una falta de presupuesto para atender el requerimiento de los camiones compactadores que se malogran día a día. Eso es lo que se evidencia en estos más de tres años, esa inercia para solucionar el problema del recojo de los residuos sólidos”, expresó.

Debido al incumplimiento en la entrega de nueva maquinaria, el regidor remarcó que la municipalidad tiene facultad para cobrar penalidades por cada día de retraso.

“En el contrato se estipula que la entrega (de las compactadoras) se debe corroborar con las actas respectivas en alguno de los almacenes de la municipalidad. Pero eso no ha ocurrido hasta ahora y la preocupación continúa”, agregó.

En el caso de las dos compactadoras de mayor volumen, el contrato N° 51-2021/MPCH/GM establece que la penalidad diaria asciende a S/5,425.6.

Por los 26 días que ya han transcurrido desde el plazo inicial que se dio al Consorcio, las penalidades sumarían un total de S/141,065.6

Piana Ramírez recordó que el contrato estipula que las penalidades pueden alcanzar hasta el 10% del monto contractual, que en este caso equivale a S/135,640. De superar esta cifra, el contrato señala que la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.

“La norma dice que puede resolverse el contrato, es decir, no necesariamente que ocurra así. Lo que pasa es que cuando se llega al 10% del monto contractual, ya no se puede cobrar más penalidades así se atrasen un año en la entrega. Si se anula el contrato, se puede cobrar la carta fianza”, explicó.

Hasta el cierre de este informe, la gerencia municipal informó al regidor Jony Piana que no se otorgará un plazo adicional al Consorcio y se empezará a contabilizar los días de retraso para el cobro de penalidades.

Documentos. Correo accedió a la carta N° 003-2022 que presentó el Consorcio a la gerencia municipal para solicitar la ampliación de plazo.

La contratista indicó que se habían producido atrasos y/o paralizaciones “ajenos a su voluntad” que se originaron por el desabastecimiento de la cadena de suministros de cilindros hidráulicos y cilindros de placa eyectora para las cajas compactadoras.

De acuerdo a la versión que dio el Consorcio, se produjo una escasez de transporte marítimo para trasladar dichas piezas desde Alemania, el país donde se fabrican.

“Desde el 5 de diciembre del 2021, Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL (Econovo), fabricante argentino de las cajas compactadoras, ha retrasado la cadena de producción de dichos bienes, habiendo recibido recién el 17 de febrero del 2022 en su planta ubicada en Córdoba, Argentina, los mencionados suministros (cilindros hidráulicos y cilindros de placa eyectora”, explicaron.

Lo curioso es que el Consorcio reconoce que el plazo de entrega es usado para dar mayor puntaje a aquel postor que ofrezca menor tiempo del que solicita la entidad.

“Todos los postores, en el afán de ganar, ofertarán el menor plazo que les permita obtener el puntaje para ganar la buena pro. Esta situación provocará que, cuando se suscriba un contrato, salga a flote los plazos reales y se generen solicitudes de ampliación para modificar el plazo a su tiempo real”, argumentaron.

El Consorcio también apeló al Decreto Supremo N° 168-2020-EF que estableció disposiciones para facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios cuando su ejecución se ve paralizada por el Estado de Emergencia Nacional.

Por ello, la contratista aseguró que la pandemia del Covid19 terminó perjudicando el abastecimiento de los cilindros para la elaboración de las cajas compactadoras.

Cabe mencionar que el Consorcio suscribió las órdenes de compra con Econovo para la fabricación de las cajas el 17 de noviembre del 2021.

Ya en diciembre de ese año, Econovo le manifestó a la contratista que por “hechos que escapan a su esfera de dominio”, no podían cumplir con la fabricación de las 14 compactadoras por el desabastecimiento y los problemas en el servicio de transporte marítimo.

Ante esto, “Los suministros de cilindros hidráulicos y cilindros de playa eyectora no son vendidos por otro proveedor fabricante o importador”,

Fuentes conocedoras de este caso advirtieron a Correo que esta versión demuestra que el Consorcio no cumplía con ser “representante oficial, o distribuidor autorizado, o importado o concesionario de la marca del equipo ofertado (Dongfeng)”, tal como se requería en las bases.

“La municipalidad no compró las compactadoras por partes, es decir por un lado la caja compactadora y por otro, el chazis, sino toda la unidad”, remarcaron.

Asimismo, señalaron que la solicitud de ampliación no sería válida ya que lleva la firma de un representante del Consorcio distinto del que suscribió los contratos con la MPCh.