Tres militares de la Séptima Brigada de Infantería del Ejército del Perú irán a la cárcel por presunta corrupción. El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo dispuso la medida de prisión preventiva por el plazo de 9 meses contra el mayor Marco Antonio Ramos Viera (jefe del organismo especial de contrataciones), la mayor Sarita Yurisan Cornejo Sangama (comandante de la compañía N° 7) y el técnico Marco Antonio Castillo Arteaga.
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Ellos seguirán respondiendo a la justicia por el delito de colusión agravada, pero desde un establecimiento penitenciario. Sobre el general de brigada, Henry Mario Acosta Bernuy, el juzgado lo dejó en libertad y cumplirá comparecencia con restricciones. La indagación en su contra también continúa. Luego de escuchar la resolución, los detenidos fueron derivados a una carceleta a la espera de su traslado al Penal.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción detalla que los denunciados concertaron con Jherson Aguilar Quispe, gerente de Jharut Energy Gas, para defraudar a la Séptima Brigada de Infantería con el monto de S/ 53 mil 703 a través de las contrataciones para el servicio de transporte y traslado de combustible (fletes) a emplearse en los comicios electores de octubre (municipales y regionales) y de diciembre (segunda vuelta electoral regional) del 2022.
Los militares fueron detenidos durante un operativo dirigido por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional del Perú (PNP) ante una solicitud de detención preliminar por 7 días, la que comprendió el allanamiento, descerraje e incautación en veinte inmuebles de las ciudades de Chiclayo, Lambayeque, Piura, Cajamarca, La Libertad y Lima. Esta acción se ejecutó con la participación de 16 fiscales.
