Lambayeque: Presidente de la Corte Superior de Justicia dice que castración química contraviene la Constitución

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL), Juan Riquelme Guillermo Piscoya, rechazó la propuesta de castración química que ha anunciado el gobierno de Pedro Castillo tras el caso de una menor de 3 años violentada en Chiclayo.

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El magistrado consideró que aunque exista un eventual debate en el Congreso para aprobar este proyecto de ley; la castración no se ajusta al ordenamiento jurídico peruano y vulnera los tratados internacionales.

HECHOS

Desde el distrito limeño de Ate, el Presidente de la República se pronunció a favor de aplicar la castración química para violadores de menores de edad.

“Exigimos la máxima sanción a aquellos que agreden a nuestros niños y niñas. Por eso, estamos haciendo los esfuerzos para ejecutar políticas de prevención y erradicación de la violencia”, dijo ayer durante una actividad oficial.

El mandatario exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público a “dar celeridad” a los procesos seguidos por abuso sexual contra menores y confirmó que se presentará un proyecto de ley para la aplicación de la castración química.

“La propuesta será formalizada en los próximos días y esperamos el respaldo del Congreso. Que no le den la espalda a un clamor popular. (...) Aquí no hay lugar para la inacción o la parálisis, la vida está por encima de todo”, dijo.

En esta misma línea también ha declarado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Felix Chero. Según indicó este domingo, la intención del proyecto de ley es salvaguardar la integridad de los menores de edad.

“En el país y en el mundo no existen derechos fundamentales absolutos, los derechos fundamentales son relativos porque ceden frente a un derecho superior que hay que proteger”, expresó.

OPINIÓN

Para el magistrado Juan Guillermo Piscoya, tanto la pena de muerte como la castración química son propuestas de “carácter populista”, que no han demostrado eficacia para reducir los casos de abuso sexual en menores.

“Son medidas que se proponen desde hace muchos años atrás. Pero técnicamente, no responden a nuestro ordenamiento jurídico”, explicó.

Ambas propuestas, agregó el juez superior, no se ajustan a lo que establece la Constitución ni a los convenios suscritos por el gobierno peruano en materia de Derechos Humanos.

Por ello, aseguró que son solo propuestas políticas que podrían generar falsas expectativas en la población y generar un mayor rechazo contra el sistema de justicia.

“Cuando se debata ese proyecto de ley (para la castración química) en el Congreso, habrán opiniones y se determinará si es acorde a nuestro ordenamiento jurídico”, dijo.

INVESTIGACIÓN

El titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque señaló que la Fiscalía aún puede formular un proceso inmediato para reducir el plazo de investigación contra Juan Antonio Enríquez García, acusado de los delitos de secuestro y violación sexual contra una menor de 3 años.

“Este proceso inmediato está previsto en el Código Procesal Penal cuando hay prueba evidente, el delito es flagrante y la persona imputada reconoce el delito. Esto no ha ocurrido pero estoy seguro que el Ministerio Público va a hacer las diligencias más inmediatas y decidirá si opta por el proceso inmediato o continúa con un proceso común que tiene sus propios plazos”, explicó.

Ante las versiones de un posible traslado del acusado al penal de Challapalca (Tacna), el magistrado consideró que el Instituto Nacional Penitenciario debe aclarar si Enríquez García permanecerá recluido en Chiclayo. “Ellos son responsables de custodiarlo. Si la autoridad penitenciaria tiene otras razones que harían posible su traslado, habría que preguntar cuales son esas razones. En cualquiera de los escenarios, la audiencia se puede realizar de forma presencial o virtual”, finalizó.