El Poder Judicial de Lambayeque dictó nueve meses de prisión preventiva contra Ashley Machuca Cabrera (25) y Percy Briones Cotrina (45), quienes son investigados por el presunto delito de extorsión agravada en agravio de un empresario dedicado a la agroexportación.
Investigación
El requerimiento fue sustentado por el fiscal adjunto provincial Carlos Alemán Nevado, quien presentó los elementos de convicción recabados durante las diligencias urgentes e inaplazables.
Según la investigación fiscal, el empresario comenzó a recibir el pasado 14 de septiembre mensajes y videos con amenazas de sujetos desconocidos, quienes le exigían el pago de S/ 5.000 a cambio de no atentar contra su vida. Las comunicaciones continuaron hasta el 18 de septiembre, cuando los presuntos extorsionadores le proporcionaron un número de cuenta vinculada a Yape para realizar el depósito.
El agraviado simuló efectuar la transferencia y, tras identificarse a la titular de la cuenta, presentó la denuncia ante el área Antiextorsiones de la Divincri Chiclayo. Las diligencias permitieron intervenir a Ashley Machuca Cabrera en el distrito de Ascope, en la región La Libertad. Durante la intervención, la Policía habría encontrado en su poder un celular en el que se constató la recepción de la transferencia realizada por el denunciante.
De acuerdo con la tesis fiscal, Machuca Cabrera manifestó que su pareja, Percy Briones Cotrina, le había solicitado la cuenta para recibir el dinero. Esta información permitió a la Policía ubicar y detener al segundo investigado.
Durante la audiencia de prisión preventiva, el Ministerio Público sostuvo que Briones Cotrina habría coordinado directamente con los sujetos que realizaban las amenazas y gestionado el cobro del dinero exigido. Respecto de Machuca Cabrera, la Fiscalía señaló que habría actuado como titular de la cuenta receptora y posteriormente habría remitido el dinero al número de Yape utilizado por su pareja.
Ambos permanecerán con prisión preventiva durante nueve meses mientras continúan las investigaciones. La medida cautelar no determina responsabilidad penal y los investigados mantienen su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
