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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios recogió ayer la declaración de los regidores de Chiclayo por la polémica adquisición de 14 compactadoras, a cargo de la municipalidad provincial.
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Se trata de los concejales Percy Espinoza Gonzáles, Randy Vegas Díaz, Pamela Alva Carranza, y Jony Piana Ramírez, quienes aparecen como testigos en este caso.
Tras acceder a parte de la documentación, los regidores advirtieron incongruencias en la solicitud de ampliación de plazo que presentó el Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú, ganadora de esta millonaria licitación.
DETALLES
Como parte de las diligencias preliminares, cinco regidores que denunciaron indicios de presunta corrupción en la compra de la maquinaria deben declarar a la Fiscalía.
El pasado 25 de marzo, Jony Piana Ramírez y Andrés Puell Varas finalmente accedieron a la solicitud de ampliación de plazo que presentó el Consorcio.
Como se recuerda, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 26-2022, el pedido de la contratista para retrasar la entrega de la maquinaria fue admitido parcialmente.
Los regidores revisaron ambos documentos (la solicitud de ampliación y la resolución de la municipalidad) y detectaron algunas irregularidades que esta semana se darán a conocer a la Fiscalía.
La más importante de ellas está relacionada con el representante en común del Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú que firmó la solicitud de ampliación, Diego Enrique Peramas Rojas.
Puell explicó que los dos contratos que suscribió el Consorcio el año pasado con la municipalidad tenían como representante legal común a otra persona, Andrés Fernando Salas Colonna.
Según indicó el regidor, la contratista debió adjuntar en su solicitud de ampliación la carta notarial donde se designa a Diego Enrique Peramas como nuevo representante común.
A pesar que los concejales pidieron el expediente completo de la ampliación de plazo al municipio, en él no obra ningún acta notarial de la acreditación de Enrique Peramas.
Por el contrario, el Consorcio solo adjuntó las cartas enviadas por Econovo y Sprinter Asesores Logísticos SAC (distribuidoras en la fabricación de las cajas compactadoas), y de Perú Business Corporation SAC (una de las empresas consorciadas) para justificar un desabastecimiento en la cadena de suministros.
“Consideramos que hay un problema de legalidad en el trámite que dio (la municipalidad) a la solicitud de ampliación. No existe el acta donde firmen los tres integrantes del Consorcio autorizando a un nuevo representante legal común y eso tiene que hacerse notarialmente”, expresó.
Tal como consta en el portal de Seace, en el proceso de licitación -es decir, antes de la firma del contrato- el Consorcio tuvo un representante legal distinto: Carlos Potesta Valencia.
