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La designación de un funcionario en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) evidenciaría un hecho irregular, que comprometería al Órgano de Control Institucional (OCI) y a la Gerencia Regional de Control de Lambayeque.
El caso puede conocerse hoy gracias a documentación verificable, que fue alcanzada a este Diario.
Contrato
De acuerdo a la denuncia y a información en el portal Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el ingeniero Jimmy Alexis Saavedra Uriarte empezó a trabajar en el año 2019 como auditor del OCI de la referida casa de estudios. Por sus servicios hasta ese momento, logró cobrar un total de S/ 43 mil 400.
Ello queda demostrado con las órdenes de servicios que emitió la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la UNPRG: O/S-3278-2019, de fecha 25 de setiembre por el monto de S/ 4 400 a través de la modalidad Locación de Servicios; la O/S-1955-2019, de fecha 25 de mayo por S/ 20 000 como Apoyo al Servicio de Consultoría; y la O/S-72-2019, de fecha 01 de marzo por S/ 19 000 como Locación de Servicios.
Pero la buena racha de este trabajador no quedó ahí, ya que posteriormente logró ganar la convocatoria “Concurso CAS II-2019″, que le permitió acceder a una plaza para seguir laborando en el OCI para el periodo 2020, mediante la modalidad Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
En este punto es preciso indicar que las oficinas de control son las encargadas de realizar los servicios de control simultáneo y posterior en las entidades públicas; así como de ejecutar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General de la República (CGR).
En el caso de Saavedra, entre los años 2020-2021 suscribió informes de control concurrente y específico del OCI de la UNPRG. Se trata de los documentos N°008, de junio del 2020; N°011, de julio del 2020; y N°001, de febrero del 2021. En estos se detallaron observaciones sobre la ejecución del servicio de internet para la sede universitaria; la contratación de dispositivos para el servicio de educación no presencial, y la contratación del servicio de mantenimiento de instalaciones higiénicas.
La situación de Saavedra mejoró totalmente cuando la entonces rectora, Olinda Vigo Vargas dispuso la designación del ingeniero, a través de la resolución N°120-2021, para que ocupe la jefatura de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI). El documento en mención fue firmado el 9 de marzo del año pasado. Es decir un mes después del último informe que emitió Saavedra, quien -ahora que se desarrolla una nueva gestión- continúa en ese puesto administrativo.
No sabía
El rector de la UNPRG, Enrique Cárpena Velásquez señaló que no estaba al tanto sobre la situación de Saavedra.
La autoridad universitaria asumió la riendas de la institución en noviembre del año pasado. “Él ya estaba ahí y se mantiene hasta ahora, no estaba al tanto de la normativa”, expresó.
Cárpena aseguró que requerirá información al OCI para esclarecer las circunstancias de la designación, a fin de prevenir posibles sanciones por parte de la Contraloría.
“Si hubiera algo que subsanar se tendrá que hacer”, dijo.
De otro lado, indicó que, desde el inicio de su mandato, ha solicitado al órgano de control que el personal auditor continúe con las acciones de fiscalización sobre lo relacionado a contrataciones y ejecución de servicios en la casa de estudios, porque esto le permite “trabajar con seguridad”.
Si bien el catedrático admitió no conocer a detalle la normativa sobre la conducta y desempeño del personal de la Contraloría General de la República y de los Órganos de Control Institucional”, la Gerencia Regional de Control tampoco estaría al tanto de lo que realizan quienes alguna vez prestaron sus servicios de auditoría.
Este Diario buscó el pronunciamiento de esa entidad, pero no respondieron y solo se comprometieron a brindar información, una vez que analicen el caso.
Es claro que un servidor público está en el derecho de mejorar su situación laboral, pero por qué alguien que realizaba auditorías (actos de control) a un determinado organismo, decide pasarse al otro lado.
Aún está pendiente la respuesta, debido a que fue imposible contactar a los demás involucrados, porque la UNPRG no tiene -por ahora- a un jefe de Imagen Institucional y Prensa.
Normativa
En diciembre del 2020, la Contraloría aprobó la directiva N° 020 sobre los Órganos de Control Institucional.
Una de las normas establece la prohibición de realizar o intervenir en funciones y actividades inherentes al ámbito de competencia y responsabilidad de la administración y gestión de la entidad.
Es decir, que los jefes y personal de OCI están prohibidos de intervenir en funciones o actividades al ámbito de la competencia y tener responsabilidad en la administración y efectuar gestión en la entidad.
Asimismo, se precisa las prohibiciones que tiene el jefe o personal del OCI ante algún servicio de control gubernamental.
Por otra parte, la directiva N° 010-2008-CG “Normas para la conducta y desempeño del personal de la Contraloría General de la República y de los Órganos de Control Institucional”, señala en el numeral 6.4, sobre las prohibiciones especiales a los que se encuentran sujetos, incluso después de su cese en el cargo, a los servidores de la Contraloría y del OCI. Este artículo indica claramente que no está permitido celebrar cualquier modalidad de contrato, en forma personal o a través de terceros, con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que hubieran estado comprendidas en el ámbito de una acción o actividad de control.
