Lambayeque: Vence segundo plazo para entrega de compactadoras

Este 6 de marzo venció el plazo para que el ya famoso Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú cumpliera con la segunda entrega de 12 compactadoras a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), valorizadas en más de S/6 millones.

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Este incumplimiento no es algo nuevo para una de las empresas que conforman dicho consorcio: Perú Business Corporation. La compañía tuvo contratos con otros dos municipios del norte pero terminó ganando ampliaciones de plazo pese al costoso perjuicio.

UN PASADO GENEROSO

En informes anteriores, Correo ha revelado el perfil de las tres empresas que componen el Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú.

En un reportaje publicado el 11 de febrero, señalamos que Perú Business Corporation -una de las empresa consorciadas- comparte el mismo accionista y representante legal con la compañía Maquinaria y Vehículos de los Andes SAC.

Se trata de Andrés Fernando Salas Colonna, quien también aparece como accionista en la empresa Sigma Equipment del Perú SAC. Gracias a nuevos documentos, este medio pudo conocer los contratos que han compartido estas empresas.

En 2015, Sigma Equipment del Perú y Maquinaria y Vehículos de los Andes SAC formaron consorcio y ganaron dos contratos con la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, de Piura.

El consorcio tenía un plazo de 15 y 21 días calendario para entregar 2 camiones volquetes de 15 metros cúbicos y 1 camión compactador del mismo volumen, respectivamente.

Entre ambas licitaciones, el valor contractual llegaba a S/4′098,810.  Según el portal de Contrataciones del Estado, Sigma Equipment Perú y Maquinaria y Vehículos de los Andes SAC fueron penalizadas por S/36 mil 545 y S/71 mil 486 por retraso en la entrega de los vehículos.

Cuatro años después, las empresas en las que Andrés Fernando Salas participa como accionista tuvieron una suerte distinta, pese a que volvieron a incumplir con los plazos acordados.

El primer caso corresponde  a un contrato de S/2′037,000 que firmó en diciembre del 2019 el Consorcio PBC Ambiental -conformado por Perú Business Corporation y Sigma Equipment del Perú- con la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera.

Esta comuna trujillana adquirió 3 compactadoras de 21 metros cúbicos. Además de entregar esta maquinaria en un plazo de 29 días calendario, el Consorcio PBC Ambiental se comprometió a dar mantenimiento y capacitar al personal que designará el municipio para manejar los vehículos.

Sin embargo, el Consorcio solicitó el 03 de enero del 2020 una ampliación de plazo por 20 días que terminó siendo aprobada “por silencio administrativo”.

Mediante el informe N° 1391-2020, la subgerencia de Logística de la municipalidad de Víctor Larco Herrera comunicó que el consorcio recién cumpliría con la entrega el 14 de septiembre de ese año, es decir, más de 8 meses después del plazo inicial.

Por los 231 días calendario de retraso que calculó la subgerencia, la penalidad ascendía a S/2′352,735, pero dicha área recomendó aplicar solo S/203,700 por ser el valor máximo equivalente al 10% del contrato.

Aunque el consorcio no registra esta penalidad en el sistema de OSCE, la entidad siguió adelante con la licitación y el alcalde de Víctor Larco Herrera, César Juárez Castillo, presentó orgulloso las costosas compactadoras.

Al comparar los contratos de la municipalidad de Víctor Larra Herrera y del municipio de Chiclayo, el regidor Andrés Puell Varas mencionó que hay diferencias en el costo y la calidad del producto ofertado por Perú Business Corporation, pese a que fue el mismo proveedor para ambas entidades.

Mientras la comuna trujillana obtuvo 3 vehículos, de marca Mercedes Benz, por S/679 mil cada uno; la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas contrató 2 camiones compactadores de la misma capacidad, pero de la marca china Dongfeng, a un costo unitario de S/678 mil 200.

“Son 800 soles de diferencia pero hablamos de una marca china que ha sido cuestionada. Aquí da la impresión que el precio que ofertó el consorcio ganador es superior”, expresó Puell.

También advirtió que sería desventajoso si la municipalidad de Chiclayo no responde a tiempo el pedido de ampliación de plazo y termina aprobándolo “por silencio administrativo”, tal como ocurrió con la comuna de Víctor Larra Herrera.

“El comité de selección decidió adjudicar la buena pro tomando en cuenta el corto tiempo de la entrega de las compactadoras, pero hoy se demuestra que ese beneficio no es real”, agregó.

Segundo casO. En diciembre del 2020, la Municipalidad Provincial de Sechura (Piura) lanzó la licitación para adquirir una camioneta 4x4 que sería destinada al servicio de seguridad ciudadana.

La empresa ganadora fue Perú Business Corporation que suscribió el contrato por S/199 mil en febrero del 2021.

Aunque este monto es inferior a otros contratos que obtuvo la compañía, la municipalidad le dio un plazo de 55 días calendarios para la entrega.

Como ocurrió con las otras licitaciones que aquí detallamos, Perú Business Corporation solicitó una ampliación de plazo en abril del año pasado argumentando “que la emergencia sanitaria” estaba afectando “la cadena de distribución de mercaderías a nivel nacional e internacional”.

Según señalaron, la marca Toyota afrontaba “desabastecimientos de diversos componentes” que retrasaban la entrega de sus unidades.

La gerencia de Asesoría Jurídica de dicho municipio concluyó que la empresa no había sustentado como causal del retraso un “caso fortuito o de fuerza mayor” ya que la emergencia sanitaria había sido declarada en el país en marzo del 2020, mucho antes de la firma del contrato.

Por lo tanto, ese factor “ya era de conocimiento público”. Con la Resolución de Alcaldía N° 423-2021, la municipalidad declaró improcedente la ampliación de 30 días calendario que pidió Perú Business Corporation.

Inconforme con esta respuesta, la compañía presentó una nueva solicitud el 03 de junio del 2021 alegando “causas ajenas a su voluntad y dominio”.

Perú Business Corporation repitió los mismos argumentos sobre un supuesto desabastecimiento de componentes en la marca Toyota, sobre todo en Argentina, obligando a que los tiempos para la fabricación de los vehículos se extiendan.

A eso agregó que los protocolos sanitarios para exportación “aumentaron los días habituales”. La Oficina de Contrataciones y Adquisiciones de la municipalidad de Sechura determinó que la entidad no respondió esta segunda solicitud de ampliación de plazo, y por lo tanto, se daba por aprobada al no existir ningún pronunciamiento.

Con esa decisión, la gerencia de Asesoría Jurídica decidió anular la Resolución de Alcaldía N° 423-2021 y aprobó el plazo de 30 días.