La investigación que advierte actos de corrupción al interior de la Sétima Brigada de Infantería de Lambayeque del Ejército del Perú, se sostiene en tres hechos que evidenciarían una descarada concertación entre los implicados.
A rasgos generales, el equipo de la Fiscalía Anticorrupción ha determinado hasta la fecha que la empresa seleccionada (Jharut Energy Gas EIRL) no cumplía los requisitos para contratar con el Estado.
Además, que este proveedor no recibía la conformidad por su trabajo e incluso así se hicieron los pagos. El despacho fiscal también presume que la Sétima Brigada canceló en exceso y no los montos reales por los servicios prestados. Por ello, se concluyó que el perjuicio al Estado superará los S/ 50 mil.
Otro hecho que resalta es que la contratación fue ejecutada para los comicios de las Elecciones Municipales y Regionales 2022 (primera y segunda vuelta), pero como si se tratara de un contexto de emergencia, a pesar de que la realización de dicha jornada era conocida desde mayo del año pasado.
El 26 de setiembre, el jefe de Estado Mayor de la Primera División del Ejército, Henry Acosta Bernuy, fue comunicado de que, conforme al estudio de mercado, había sido seleccionada la empresa Jharut Energy Gas EIRL para el traslado de combustible a Lambayeque y Cajamarca. Luego Acosta aprobó la Hoja de Recomendación N° 129 , a fin de que se desarrolle el contrato a través de un procedimiento por un monto menor a las 9 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
El costo final quedó en S/ 13 mil 458.3 y la cancelación por este servicio ocurrió el 3 de diciembre.
Posteriormente, el 23 de diciembre, el proveedor emitió a favor del Ejército Peruano la factura N° 0261, por el importe de S/ 38 mil 685,40, por el concepto del servicio de transporte y traslado de combustible diesel B5 de Eten a Lambayeque y desde ahí hasta Cajamarca, que fue cancelada con los comprobantes de pago N° 26 y 27, de fecha 05 de enero del 2023. Ambos documentos fueron firmados por el Estado Mayor Administrativo de la Sétima Brigada, y la Jefatura de la Sección Tesorería, a pesar de que no existió conformidad del servicio de transporte de combustible.
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Algo similar ocurrió cuando, horas después de haberse presentado la factura N° 261, la empresa alcanzó la factura N° 260 para exigir el pago de S/10,328 por el traslado, según guía de remisión N° EG-01-55, la cual ha sido considerada como no válida.
Pero el Ejército depositó el dinero a través de los comprobantes N° 0028 y 0029. Los documentos fueron firmados por oficiales que solo respondieron a órdenes superiores.
Entre los detenidos se encuentran, además de Acosta Bernuy: Marco Ramos Viera, Fernando Gómez Bozo, Sarita Cornejo Sangama, Jherson Aguilar Quispe, Andrés Eneque Solano, Marco Castillo Arteaga, Manuel Antón Castro, Luis Romero Guillén y Miguel Zurita Pinglo.
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