Municipalidad Provincial de Chiclayo retrasa alquiler de nuevo almacén

Poco antes de renunciar al cargo de gerente de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Eleazar Torres Ybáñez emitió una serie de informes que advertían irregularidades en el Programa del Vaso de Leche (PVL) y el Programa de Complementación Alimentaria (PCA).

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Los hechos, que hasta ahora eran desconocidos, muestran que las demoras que tiene la municipalidad para contratar el alquiler de un almacén terminan beneficiando a una empresa que actualmente está inhabilitada para contratar con el Estado.

Conexiones

El 30 de julio, a solicitud del entonces gerente, Jesús del Carmen Ramos Távara -subgerente de Asistencia Social y Alimentaria del municipio- envió un informe sobre el proceso de licitación pública para el servicio de alquiler de un inmueble que permita almacenar alimentos de los programas sociales.

En julio del 2019, el municipio contrató a la empresa Rodi Baterinorte SAC para que brinde este servicio por un plazo de 12 meses, es decir, hasta julio del 2020. Sin embargo, el alquiler del almacén -ubicado la avenida Paul Harris, en el distrito de La Victoria- se ha prolongado hasta la fecha gracias a la firma de adendas.

Según el informe N° 582-2021, enviado por la subgerente, el 19 de agosto del 2020 se formularon los Términos de Referencia (TDR) para contratar un nuevo local. Pero dichas especificaciones fueron reformuladas por la Subgerencia de Logística cinco meses después.

Recién el 21 de enero de este año, los TDR fueron aprobados y la licitación pública fue lanzada en junio, aunque el concurso quedó desierto porque no se presentaron postores.

El municipio decidió modificar nuevamente los TDR y lanzar una nueva convocatoria el 6 de agosto, pero la licitación tampoco avanzó. Tal como consta en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), se postergó la conformación del comité de selección “por recarga laboral”.

En su informe, Ramos Távara aseguró que la subgerencia de Asistencia Social cumplió con solicitar el servicio de alquiler, “sin embargo lo único que se ha logrado es que se realicen adendas al contrato” suscrito con Rodi Baterinorte SAC. En ese sentido, la funcionaria deslindó de cualquier responsabilidad, asegurando que la contratación “no depende” de dicha subgerencia.

Ante ello, Eleazar Torres solicitó a la secretaría técnica del municipio que inicie la precalificación del procedimiento administrativo disciplinario “contra los que resulten responsables por no contratar” el alquiler de un almacén.

En medio de esta controversia, quien resulta beneficiado es la empresa Rodi Baterinorte, cuyo gerente general es Robert Luis Montenegro Tarrillo.

El portal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) muestra que dicha compañía fue sancionada por presentar documentos falsos o adulterados.

Su inhabilitación para contratar con el Estado está vigente hasta el 06 de noviembre del 2022, de acuerdo a la Resolución N° 2896-2019 del Tribunal de OSCE.

Pese a ello, la empresa ha ganado S/80,712 -gracias al contrato original- y otros S/50,445 por el alquiler del almacén a la municipalidad a través de las adendas.

Efectos

Torres Ibañez también solicitó una inspección a los programas sociales debido a una denuncia que consta en el memorando N° 13-2021.

Dos personas advirtieron que un trabajador municipal “les propuso cambiar leche que iba a vencer” a cambio de beneficiarse con una orden de compra para venderle productos a la entidad.

Como medio de prueba, los denunciantes mostraron un número telefónico que corresponde, según el memorando, “al señor Calderón”.

Fuentes de Correo explicaron que se trataría de Luis Alberto Calderón Ramírez, un personaje que sería muy cercano a Darío Ramos Amau, el subgerente de coordinación de alcaldía y mano derecha del alcalde Marcos Gasco Arrobas.

El actual desabastecimiento que afecta los programas PVL y PCA fue casi una predicción para el exgerente municipal. A Torres le indicaron que los procesos de contratación para comprar leche fresca de vaca y otros alimentos “estaban demorando”.

Por ello, el exfuncionario pidió a la secretaría técnica que también inicie la precalificación de procedimiento administrativo disciplinario “contra los que resulten responsables por no culminar la compra” de los productos.

En la última sesión de concejo, los funcionarios del municipio aseguraron que dicha licitación no prosperó porque el Tribunal de OSCE tardaba en absolver las observaciones de uno de los postores.

Sin embargo, la propia Ramos Talavera recibió un oficio del Tribunal de Contrataciones del Estado donde señalan que la municipalidad entregó información incompleta del proceso de licitación.

Debido a ello, el Tribunal dijo estar “imposibilitado de emitir un pronunciamiento” y aclaró que “la dilación” en el proceso “es de exclusiva responsabilidad” del municipio y los funcionarios que intervinieron en la contratación.

Consultamos a la municipalidad por el estado actual de los informes de precalificación que pidió el exgerente. Según nos indicaron, “el proceso sigue en precalificación y el trámite está avanzando conforme a ley”.

También preguntamos sobre la denuncia que involucraría a un extrabajador del municipio, pero no nos dieron ningún detalle. Al cierre de este informe, no fue posible entrevistar al alcalde Marcos Gasco o a uno de sus funcionarios.