Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque decidirá sobre testigos en caso Anselmo Lozano

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque decidirá sobre un grupo de testigos en la investigación seguida contra el suspendido gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, por el presunto delito de organización criminal.

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Mediante un recurso, la defensa de la exautoridad solicitó que se revise este tema. Su abogado recurrió primero al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, pero el pasado 7 de junio ese despacho resolvió declarar infundado el requerimiento.

Esa decisión fue apelada y el caso será analizado por la segunda instancia. El fallo podría conocerse en las próximas semanas.

Pero la discusión al respecto ha retrasado las diligencias programadas por la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque.

Con lo que podría emitir la Sala, se definirá si los testigos son llamados a declarar, o no.

Fuentes del Ministerio Público indican que la fiscal a cargo, Karim Ninaquispe Gil tiene previsto formular acusaciones contra Lozano.

En enero de este año, el Décimo Juzgado de Investigación aprobó desacumular dos procesos por hechos de corrupción en el Gobierno Regional y en la Municipalidad Distrital de La Victoria.

Como se recuerda, la fiscal pidió que los delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo genérico se desacumulen de los delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y otros, pues contaba con suficientes pruebas para acreditar la comisión de los primeros ilícitos.

Una acusación, en lo que corresponde a Lozano, podría estar lista antes del 20 de julio en el mejor de los escenarios.

Ninaquispe también tiene bajo su responsabilidad la investigación contra el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas.

Para el burgomaestre hay una imputación por delito de colusión (alternativamente negociación incompatible) que está por debatirse en un juzgado y el despacho de la Fiscalía necesitará de tiempo para sacar adelante su hipótesis sobre un supuesto accionar delictivo de Gasco y sus exfuncionarios en la contratación de la empresa Veolia.

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Procesos

En base a lo que el despacho de Ninaquispe tiene planificado, es que la defensa de Anselmo Lozano busca incorporar a los testigos. Es parte de su estrategia legal.

El primer proceso desacumulado es sobre el supuesto perjuicio de la comuna distrital de La Victoria, la Fiscalía pide que se procese a un total de 11 imputados por delitos de corrupción.

Por cohecho pasivo impropio se pide procesar a Lozano, Harry Gonzales Solano, Wilfredo Castro Carmona (exasesor legal), Walter Mondragón Vera (exjefe de Abastecimiento), Dick Silva Ravines (exjefe de División de Estudios y Proyectos), Leoncio Paucar Merino (teniente alcalde) y Luis Díaz Bavo, este último es actual gobernador regional.

Mientras por el delito de cohecho pasivo propio se pide imputación para Salomón Caján Aguinaga, Walther Padilla Mera, Alejandro Criollo Quispe y Víctor Gonzales Fernández.

En el segundo caso desacumulado solicitado es por la presunta comisión de ilícitos en el gobierno regional. Aquí figuran Lozano y María Rita Castro Grosso (exgerente regional), para quienes se espera proceso por organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

En este grupo también aparecen Harry Gonzales, Luis Díaz, Wilfredo Castro, Walter Mondragón, Leoncio Paucar y Dick Silva. A ellos se les imputa organización criminal.

También para Germán Pisfil Agapito, Wilmer Vásquez, entre otros.