Este perjuicio económico se generó porque cuatro unidades orgánicas de la SCBH permitieron la renovación de contratos con inquilinos morosos. La institución deberá actuar conforme a ley y emprender acciones legales contra los 13 responsables.
Este perjuicio económico se generó porque cuatro unidades orgánicas de la SCBH permitieron la renovación de contratos con inquilinos morosos. La institución deberá actuar conforme a ley y emprender acciones legales contra los 13 responsables.

La registra un perjuicio económico de S/ 406 mil 390, según un reciente informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR).

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Las conclusiones indican que funcionarios y exfuncionarios de la institución permitieron que inquilinos continúen ocupando bienes inmuebles de la entidad, sin contrato de arrendamiento vigente y sin el proceso de renovación previsto en la normativa.

Los inmuebles afectados se ubican en los edificios Piedra Lora, Dos de Mayo y Bienes Urbanos.

Los hechos

De acuerdo al informe de control específico N° 011-2022, vencido el plazo de arrendamiento, funcionarios y exfuncionarios de la SBCh invitaron a la renovación de contrato a inquilinos que mantenían deudas pendientes.

De esta manera, permitieron la continuidad de las obligaciones establecidas en el contrato anterior, pero sin suscribirse un nuevo contrato de forma expresa.

Asimismo, los ocupantes incumplieron también con los pagos subsiguientes, pero la Beneficencia no efectuó acciones para agotar la vía administrativa, tampoco iniciaron las acciones legales para recuperar el inmueble o para cobrar la deuda generada por los inquilinos que, en algunos casos, no pagaron 34 meses de alquiler.

La Contraloría evidenció también la no realización de procesos extrajudiciales de conciliación y/o demandas de desalojo, lo que hubiera permitido recuperar el inmueble y evitar el incremento de dicha deuda.

El ente de control agrega que las trece personas involucradas tendrían presunta responsabilidad civil y/o administrativa.

Ellos se desempeñaron en las unidades orgánicas de Gestión de Negocios, División de Patrimonio e Inmobiliaria, Subgerencia de Gestión Inmobiliaria y la Oficina de Asesoría Jurídica.

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El informe fue comunicado a la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) para el inicio de las acciones legales civiles, y de la presidenta de la SBCH para las acciones que permitan el deslinde de las responsabilidades administrativa.

Entre los involucrados están: Martha Pita Mundaca (jefa de la Oficina de Asesoría Legal), José Custodio Cabrejos (jefe de la Oficina de Asesoría Legal), Luis Demetrio Llanos Chimoy (jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica), Marcos Gonzales Alejos (Asesoría Jurídica), Betty Coronel Tay (Asesoría Jurídica y Gestión de Negocios), Macarena Wester Pérez (Asesoría Jurídica), Katerin Díaz Menacho (Asesoría Jurídica), Walberto Flores Aquino (Jefe de la División de Patrimonio e Inmobiliaria), Hanny Ramos Suárez (Subgerente de Gestión Inmobiliaria, Gestión de Negocios), Ana Kelly Zeña Fernández (Gestión Inmobiliaria), Cristóbal Reaño Ramírez (Gestión de Negocios), Jorge Díaz Escajadillo (Gestión de Negocios), Anny Colmenares Regalado, (Gestión de Negocios).

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