Diversos gremios de transportistas, comerciantes y sociedad civil alzan su voz y exigen al Go-bierno resultados de la lucha contra ola de criminalidad.
Diversos gremios de transportistas, comerciantes y sociedad civil alzan su voz y exigen al Go-bierno resultados de la lucha contra ola de criminalidad.

Cientos de transportistas de los distintos gremios de la región Lambayeque acataron el anunciado paro nacional para exigir atención del Ejecutivo frente a la ola de que azota al sector.

Los manifestantes recorrieron las calles del centro de la ciudad hasta su llegada a la sede de la Fiscalía, situada en la calle María Ízaga, donde alzaron su voz de protesta.

Alrededor de las 10:00 de la mañana, los conductores de taxis, colectivos e incluso mototaxis se concentraron en la intersección de Prolongación Los Incas y la avenida Chinchaysuyo del distrito de La Victoria, para iniciar con la medida de lucha.

A bordo de sus vehículos, se trasladaron por el paseo Yortuque hasta llegar a la avenida Santa Victoria; donde paralizaron el tránsito por algunos minutos.

Finalmente, llegaron a la avenida Juan Cuglievan; lugar donde los esperaba un grupo de mototaxistas para acudir al Ministerio Público.

En el frontis del recinto, los agremiados, con carteles en mano, gritaban a viva voz ¡Justicia para nuestros compañeros! ¡No al sicariato y extorsión!”.

Respecto a la movilización, el dirigente de transportistas, Teófilo Cumpa, expuso que choferes de Pucalá, Pátapo, Pacora, Tumán e incluso los colectiveros de Ferreñafe, Chongoyape y otras localidades se sumaron a la protesta; pues muchos de ellos son víctimas de extorsión.

Refirió que los delincuentes a diario exigen S/2 a S/3 a cada hombre del volante para dejarlos laborar tanto en los paraderos formales como también en los informales.

Reveló que muchos de los agraviados optaron por no denunciar extorsión por temor a represalias. Sin embargo, demandó a la Fiscalía celeridad en las  investigaciones que tiene a cargo.

“Estamos exigiendo a los fiscales que todo caso que llegue se haga justicia. Que no se dejen sobornar para soltar a los delincuentes que atentan contra la tranquilidad de los transportistas”, dijo.

La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Carmen Miranda, expuso que en lo que va del año se tienen registradas 489 denuncias por extorsión en toda la región.

Es preciso indicar que la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque no participó de esta paralización. Este gremio anunció que se movilizarán el próximo 12 de noviembre.

Más gremios de trabajadores protestan

Un grupo de docentes afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y algunos miembros de la Confederación General de los Trabajadores del Perú  (CGPT) también se sumaron a esta movilización.

Asimismo, los agricultores de la Comisión de Usuarios de Agua, los trabajadores de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) y los comerciantes del Mercado Modelo de Lambayeque.

Todos se movilizaron en la Ciudad Evocadora; donde tomaron parte de la  carretera Panamericana Norte y la avenida Ramón Castilla limitando el ingreso de autos y otros vehículos de carga pesada a la localidad.

“Pedimos la derogatoria de la Ley de Crimen Organizado 32108, pues protege a la delincuencia. Nosotros como agricultores demandamos las obras hidráulicas que se necesitan para afianzar el sistema Tinajones y el agua para nuestras cosechas”, precisó el representante de los agricultores de la Comisión de Usuarios de Agua, Carlos Guevara Dioses.

La movilización de Chiclayo y Lambayeque contó con la presencia del personal policial, que cuidó el orden público para evitar cualquier tipo de disturbio.

Jueces se pronuncian contra el Congreso

Los jueces superiores que conforman la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque emitieron un comunicado en horas de la tarde respecto a los acuerdos que adopta el Congreso de la República.

“Consideramos que la aprobación del proyecto de ley que modifica la Ley de la Carrera Judicial y el Código Penal criminalizando la función jurisdiccional, constituyen actos que afectan gravemente la independencia judicial contraviniendo la Constitución Política del Estado, así como el pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Corresponde por ello que todo proyecto de ley relativo al Poder Judicial sea remitido a la Corte Suprema para su opinión respectiva”, se lee en el anuncio.

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