El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, reveló que la Fiscalía habría archivado sistemáticamente las denuncias por extorsión presentadas por los comerciantes, argumentando que no existen pruebas suficientes para procesar a los delincuentes. Esta situación ha generado frustración en el gremio, que ha visto cómo más de 1,300 bodegas cerraron sus puertas durante el 2025.
Durante una entrevista con Exitosa, Choy explicó que los delincuentes han modificado su estrategia de extorsión. Aunque los montos iniciales ya no son tan elevados como antes, ahora exigen cupos semanales o mensuales que resultan igualmente imposibles de cubrir para los pequeños comerciantes.
“Hemos tenido caso en que dicen (los criminales) que si no tienes, ahora páganos así”, acotó el dirigente gremial.
Denuncias archivadas pese a las evidencias
Según la versión de Choy, la Asociación de Bodegueros trabajó junto al Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú en la elaboración de una guía anti-extorsión, con el objetivo de orientar a los comerciantes sobre los procedimientos correctos para denunciar estos delitos. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados.
El dirigente manifestó que las autoridades fiscales desestiman las acusaciones alegando ausencia de pruebas concluyentes, incluso cuando los bodegueros presentan audios, videos y grabaciones de cámaras de seguridad que documentan las amenazas y hechos delictivos.
“Lamentablemente, todos los casos han sido archivados. Los fiscales dicen que faltan las pruebas necesarias. Nosotros vamos con los audios, los videos, algunas bodegas han tenido sus cámaras registradas, pero para los fiscales eso no son pruebas”, precisó.
Cuestiona estado de emergencia
El representante de los bodegueros identificó a Lima Este y el Callao como las zonas con mayor incidencia de extorsiones contra este sector comercial. Ante el incremento de los casos, Choy a cuestionó la efectividad del estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí, que fue prorrogado por 30 días adicionales en la capital.
Como se recuerda, el Poder Ejecutivo extendió esta medida como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado, el sicariato y la inseguridad ciudadana, fenómenos que han afectado especialmente a transportistas y pequeños comerciantes en las últimas semanas.
