El Ministerio Público, junto con agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, ejecutó un operativo que incluyó la detención preliminar de nueve efectivos de la comisaría de Vitarte. La intervención forma parte de una investigación por presuntos actos de corrupción cometidos en el ejercicio de sus funciones.
El procedimiento se realizó de manera simultánea con el allanamiento de ambientes de la propia dependencia policial y de viviendas vinculadas a los investigados. Estas diligencias buscan reunir elementos que permitan esclarecer el presunto esquema de cobros irregulares.
¿Cómo operaban los agentes?
Según la tesis fiscal, los agentes habrían estado implicados en hechos relacionados con el delito de cohecho pasivo propio. Las pesquisas apuntan a que estos hechos se habrían producido durante intervenciones en la Carretera Central.
De acuerdo con la investigación, los efectivos habrían interceptado a conductores para exigir pagos a cambio de evitar la imposición de sanciones de tránsito. En algunos casos, también se les habría solicitado retirar dinero de entidades bancarias cuando no contaban con efectivo.
Las diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este. El trabajo incluyó la incautación de teléfonos celulares, equipos electrónicos, memorias, dinero en efectivo y documentación administrativa.
Además, se recogieron registros de ingreso y salida de vehículos, actas de intervención y papeletas de tránsito de la dependencia policial. Estos materiales serán analizados como parte del proceso de investigación en curso.
Entre los detenidos figura el alférez PNP Diego García, identificado por la investigación como presunto cabecilla del grupo. Junto a él fueron intervenidos los suboficiales Vidal Guardamino, Johanny Vera, Jorge Meneses, Víctor Romero, Lishner Huamán, Giovani Cruz, Fredy Flores y Carlos López.
¿Qué dijo la institución policial?
La Policía Nacional emitió un comunicado en el que deslinda responsabilidad institucional por los hechos investigados. En el documento se reafirma el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia de los involucrados mientras dure la investigación.
En otra parte del pronunciamiento, la institución señaló que las acciones de control interno permiten detectar y poner a disposición de la justicia a personal implicado en presuntos actos irregulares. Asimismo, indicó que estos procedimientos buscan fortalecer la transparencia dentro de la institución.
