La congresista Digna Calle (Podemos Perú) presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo que se creen vías alternas en todos los de Lima Metropolitana a fin de que se garantice el derecho constitucional del libre tránsito.

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La iniciativa legislativa declarativa, que no tendrá efecto inmediato de aprobarse, plantea que su propuesta se haga viable a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como la Municipalidad de Lima, “con cargo a sus respectivos presupuestos institucionales”.

“Con el presente proyecto se propone resolver el problema que subyace en la necesidad que tienen los habitantes de Lima Metropolitana de disfrutar plenamente el derecho al libre tránsito, el cual es limitado como consecuencia de la instalación de peajes que fueran concesionados por la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A. (EMAPE) a las empresas Rutas de Lima SAC, y Línea Amarilla SAC., hoy Lima Expresa SAC”, se indica en el documento.

Asimismo, el proyecto detalla que existen 18 peajes concesionados en toda Lima Metropolitana, cuya licitud y transparencia se encuentra controvertida al estar vinculado “con innumerables actos de corrupción”.

“En el distrito de Puente Piedra, por ejemplo, la Empresa Municipal Administradora de peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A. (EMAPE) ya administraba el peaje Chillón sentido Norte Sur, pero con ocasión al contrato de concesión suscrito el 09 de enero del año 2013 por la Municipalidad Metropolitana de Lima en favor de la empresa Rutas de Lima S.A.C., filial de la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A., se autorizó la construcción e instalación del peaje chillón sentido sur-norte. El 29 de diciembre de 2016 la concesionaria Rutas de Lima implementó las garitas y dio inicio al cobro del peaje”, se recuerda en el proyecto.

Se agrega que dicho peaje es impráctico porque incrementa el costo de traslado de todas las personas, por ejemplo, algunas tienen que pagar peaje para ir al mercado.

“La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado desde el año 2017, sobre el costo de la tarifa de los peajes y su legitimidad, así como sobre el cobro del peaje electrónico, haciendo propuestas y exigiendo a las autoridades la realización de revisiones, renegociaciones y reformas legislativas en favor de los derechos ciudadanos. Su intervención está orientada a cautelar el derecho al libre tránsito, el cual no se reduce solo a movilizarse, sino que hace viable otros derechos como al trabajo, salud, educación, entre otros, impactando en el crecimiento económico de la ciudad y en la calidad de vida de sus habitantes”, se lee en la iniciativa.

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Por ello, consideran que esos problemas implican que se habiliten vías alternas que respeten estándares socialmente aceptables.

“Lo ideal es contar con vías alternas de calidad que aseguren un tiempo razonable para el desplazamiento medidas acordadas contractualmente por las gestiones ediles. En un contexto como el que estamos viviendo, resulta inadmisible que los modelos económico financieros de este tipo de contratos sigan siendo confidenciales”, se alega.

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