La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos investiga una denuncia por presuntos actos de tortura en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Pero este hecho no sería un caso aislado, pues la denuncia revelaría otros casos, que habrían forzado a los ingresantes a que pidan su baja.
De acuerdo al dominical de Punto Final, en febrero, 129 jóvenes ingresaron como aspirantes a convertirse en oficiales de la FAP, de los cuales 32 pidieron su baja en el primer mes; dos de ellos denunciaron haber sufrido graves abusos físicos y uno es investigado por la Fiscalía.
PRIMER CASO
Es el caso de un joven que llegó desde provincia con el sueño de convertirse en piloto de la FAP. No duró un mes, ya que antes de pedir su baja, habría sido sometido a una serie de vejaciones que hoy investiga el despacho fiscal como presunto delito de tortura contra la humanidad.
El joven, quien se llamará Carlos en el reportaje, denunció que un monitor —cadete de mayor antigüedad a cargo de supervisar a los ingresantes— ordenó a los ingresantes aplicarse una crema de uso muscular en las axilas durante una ronda nocturna de ejercicios. En su caso, le habrían ordenado aplicarse la crema en sus partes íntimas.
Lo hizo bajo presión y, según información médica recogida por el dominical, la piel genital masculina absorbe hasta 40 veces más la sustancia que el resto del cuerpo, lo que intensifica sus efectos y provoca una inflamación dolorosa. Carlos aguantó en silencio, creyendo que era parte del proceso de formación.
La noche siguiente, según la denuncia, los ingresantes fueron llevados a los baños, donde los monitores les echaron agua en la nariz y la boca de forma continua. Lo que sorprende aún más es que uno de los monitores grababa el episodio con su celular. De regreso en los dormitorios, uno de ellos habría amarrado a Carlos las manos y tapado la cara con una sábana.
La Fiscalía indicó que el denunciante requirió descanso médico por presentar expectoración de flema con sangre y retención de líquidos en las piernas. Durante ese periodo de vulnerabilidad, el agraviado fue objeto de hostigamiento sistemático por parte de un tercer cadete. A las agresiones hacia Carlos, se suma que varios internos habrían recibido golpes en la espalda con un palo de escoba e insultos racistas.
El documento fiscal también refiere que algunos ingresantes fueron grabados desnudos sin el consentimiento respectivo. Carlos intentó reportar, pero no tuvo apoyo inmediato. Poco después, solicitó su baja.
SEGUNDO CASO
Otro joven, a quien llamarán Ernesto, también habría sido sometido a la aplicación de la crema. Había ingresado con buena salud según su examen médico; no obstante, dentro de la escuela comenzó a sentir malestar en las rodillas hasta no poder caminar con normalidad.
Su madre lo describe así: “No quería pedir su baja, quería aguantar, pero llegó al punto de arrastrar las piernas”. Le dieron descanso, pero esto se habría desarrollado a condiciones extremas.
INSTITUCIÓN DICE QUE SON HECHOS AISLADOS
Los monitores involucrados no eran cadetes de cuarto año, como establece el protocolo, sino de segundo año. El mayor general Nelson Suárez, director de la Escuela de Oficiales FAP, reconoció en entrevista que se corroboró que hubo faltas: obligar a los ingresantes a quitarse la ropa, aplicar medicamentos en partes íntimas, realizar ejercicios físicos en condiciones inadecuadas y llevarlos a los servicios higiénicos sin necesidad.
“Ninguna de las acciones que tomaron esos cadetes es autorizada por la escuela (...) No toleramos ningún tipo de comportamiento o acción que vaya en contra de los principios disciplinarios”, afirmó Suárez.
Explicó que los cadetes designados se eligen porque fueron los mejores tanto académica, física como militarmente. Pero solo dos fueron separados por falta grave, el 15 de junio, días antes de la entrevista con el dominical.
A pesar de las denuncias, el director descarta cualquier responsabilidad institucional y califica los hechos como aislados.
Los números, no obstante, sugieren una tendencia: en 2024, el 14% de los ingresantes solicitó retiro voluntario. En lo que va de 2026, esa cifra trepó al 24%.
FISCALÍA INVESTIGA
El 27 de mayo, la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos inició diligencias preliminares por el presunto delito de tortura. La entidad ha solicitado las cámaras de seguridad del 2 al 5 de marzo y la lista de cadetes que estaban de guardia esas noches.
Los dos cadetes identificados como presuntos responsables ya están fuera de la institución.
