El Ministerio Público, a través de su Observatorio de Criminalidad, identificó 125 atentados vinculados a presuntos actos de extorsión en el transporte público de Lima Metropolitana y el Callao entre agosto de 2024 y diciembre de 2025.
Según el boletín institucional, estos ataques dejaron 169 víctimas, de las cuales 93 fallecieron y 76 resultaron lesionadas, principalmente conductores y pasajeros de unidades de transporte público.
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Conductores, las principales víctimas
El informe precisa que el 67,5 % de las víctimas fueron conductores de transporte público, seguidos por pasajeros (22,5 %) y cobradores (4,1 %). La mayoría de las personas afectadas fueron hombres (87,6 %) y de nacionalidad peruana (85,8 %), con una alta proporción de migrantes internos.
En cuanto a la edad, el grupo más afectado fue el de 40 a 49 años, que concentró el 29 % de los casos, un perfil que evidencia el impacto directo de la violencia criminal sobre trabajadores en edad productiva.
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Dónde y cuándo ocurrieron los ataques
Casi una tercera parte de los atentados se registró en Lima Norte, mientras que Lima Sur concentró el mayor número de víctimas. A nivel distrital, San Juan de Lurigancho reportó el mayor número de atentados y San Juan de Miraflores la mayor cantidad de víctimas.
Los ataques ocurrieron principalmente durante la noche (61,5 %) y en días laborables, entre miércoles y viernes. En el 97,6 % de los casos se utilizó arma de fuego, y en más del 70 % los agresores se movilizaron en motocicletas, un patrón que evidencia planificación y rapidez en la ejecución.
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Respuesta del Estado y limitaciones
De los casos identificados, el Ministerio Público inició 117 investigaciones fiscales, principalmente por homicidio calificado, homicidio simple y extorsión. No obstante, más del 77 % de los procesos se encuentra aún en etapa preliminar, debido a dificultades como el anonimato de los agresores y el temor de las víctimas a denunciar.
El documento advierte que la violencia en el transporte público no solo es un problema de seguridad ciudadana, sino también un fenómeno asociado a la informalidad del sector y la precariedad laboral, lo que facilita la expansión de redes criminales en zonas urbanas densamente pobladas.