El Ministerio Público identificó un total de 214 ataques dirigidos contra el sistema de transporte público en Lima Metropolitana y el Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026. Estos hechos dejaron un saldo de 283 personas afectadas entre fallecidos y heridos durante el periodo evaluado.
El informe fue elaborado por la Oficina del Observatorio de Criminalidad, que analiza patrones vinculados a hechos delictivos asociados a presuntas redes de extorsión. La información se basa en registros oficiales recopilados durante el periodo de estudio.
¿Qué zonas tienen mayor incidencia?
Los datos señalan que los distritos con mayor concentración de atentados fueron San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores. Estas zonas también registran altos niveles de denuncias por delitos como extorsión y homicidio calificado.
El documento advierte que estos territorios presentan una mayor recurrencia de hechos violentos vinculados al transporte público. La coincidencia con otros delitos refuerza el análisis sobre la presencia de organizaciones criminales en estas áreas.
El estudio precisa que la mayoría de los atentados tuvo como objetivo unidades como microbuses, combis y mototaxis. Estos vehículos concentran la actividad diaria de transporte de pasajeros en distintos puntos de la capital.
La investigación indica que el uso de armas de fuego estuvo presente en casi la totalidad de los casos con víctimas. Además, las motocicletas fueron identificadas como el principal medio utilizado para ejecutar los ataques o facilitar la huida.
Perfil de las víctimas
El informe detalla que los conductores representan el grupo más afectado dentro de estos hechos violentos. En menor proporción también se encuentran pasajeros y cobradores que resultaron alcanzados durante los ataques.
El análisis estadístico muestra que la exposición al riesgo se concentra en quienes operan o utilizan el transporte público de manera cotidiana. Los datos reflejan una mayor vulnerabilidad en el servicio urbano.
El Observatorio de Criminalidad registró 126 atentados entre enero y mayo de 2026 como parte de la actualización del informe. De ese total, una parte significativa dejó víctimas mortales o lesionadas, mientras que otros no registraron afectados.
El reporte también advierte la presencia de nuevas modalidades de ataque en algunos casos recientes. Entre ellas se menciona el uso de artefactos incendiarios, aunque las armas de fuego continúan siendo el principal medio de agresión.
El Ministerio Público precisó que la información recopilada busca aportar al análisis de los delitos asociados a la extorsión y fortalecer las acciones de prevención. El reporte también sirve como insumo para la coordinación entre instituciones y la toma de decisiones frente al incremento de la violencia en el transporte público.
