El Ministerio Público solicitó formalmente la prisión preventiva contra el sacerdote Marco Agüero Vidal tras el vencimiento del plazo de detención preliminar en su contra. El religioso enfrenta una investigación por presuntos tocamientos indebidos agravados en agravio de al menos cinco mujeres, entre ellas menores de edad, que lo denunciaron por hechos ocurridos en su parroquia de San Borja.
La representante del Ministerio Público decidió elevar la calificación del caso al considerar que se configuran elementos suficientes para solicitar esa medida de seguridad. Valeria Cabrera, abogada de las agraviadas, confirmó públicamente el avance del proceso judicial y los pasos inmediatos que seguirán.
Al detallar el estado actual de las diligencias, la letrada explicó que el religioso permanecerá bajo custodia en la División de Investigación Criminal de San Borja. Sostuvo que en los próximos días se convocará a audiencia para que el juez evalúe el pedido de prisión preventiva contra el investigado.
Los presuntos delitos habrían ocurrido cuando las denunciantes participaban en celebraciones eucarísticas y otras actividades pastorales en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría. El templo se ubica en el distrito de San Borja, donde el sacerdote ejercía su ministerio desde hace varios años.
El sacerdote permanece recluido en la sede de la Divincri del distrito desde que fue intervenido por las autoridades policiales. La detención preliminar que pesaba sobre él expiró, lo que motivó la solicitud fiscal de una medida más severa.
Ante la gravedad de las imputaciones y el desarrollo de la investigación, el Arzobispado de Lima emitió un pronunciamiento institucional oficial. La arquidiócesis anunció su compromiso de colaborar estrictamente con el Poder Judicial en todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos denunciados.
La fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra Agüero Vidal una vez que se recabaron los elementos iniciales de convicción. Las denuncias presentadas por las mujeres agraviadas permitieron activar el proceso penal contra el religioso.
Las autoridades judiciales programarán en breve la audiencia de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. El juez evaluará si se configuran los presupuestos legales para mantener al sacerdote bajo esa medida de seguridad mientras avanza el proceso.
La representación legal de las víctimas espera que la decisión judicial se tome con la debida celeridad dada la naturaleza de los hechos imputados. Las agraviadas continúan recibiendo acompañamiento psicológico y legal durante el desarrollo de las diligencias.
El caso ha generado conmoción en la feligresía de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría y en la comunidad católica del distrito de San Borja. La arquidiócesis de Lima reiteró su disposición a apoyar el proceso de investigación hasta llegar al fondo de la verdad.
