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La bancada del Frente Amplio recibió hoy en el Congreso a víctimas que sufrieron esterilizaciones forzadas en la provincia Chumbivilcas durante el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori.
"Nosotros apelamos al sentido común, no es una persona, solo en Chumbivilcas, una provincia de la región Cusco hay 250 testimonios documentados que están en la carpeta fiscal donde se reconoce, y ojo no solo son mujeres, son varones que han sufrido el proceso de vasectomía sin consentimiento", dijo el congresista Richard Arce.
Richard Arce apeló al sentido común de la bancada fujimorista para tomar en cuenta estos casos e invocó a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, para que salga en defensa de las víctimas.
"Son mujeres del Perú profundo que tienen los mismos derechos que todos los peruanos", sostuvo el legislador. Mientras que una de las afectadas Inés Condori pidió al Ministerio de Justicia, Mujer, Salud y a la Defensoría una atención inmediata.
El congresista de Peruanos por el Kambio (PPK), Gino Costa compartió en Twittter fotografías donde se aprecia a otras víctimas de esterilizaciones forzadas, encabezadas por Esperanza Huayama, en reunión con la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.
A raíz de las denuncias de esterilizaciones, el Ministerio de Justicia creó, en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), el Registro Nacional de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas para reparar esos casos y anunció la inclusión de 1.700 víctimas.
La fiscal Marcelita Gutiérrez decidió archivar el jueves pasado la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori y varias de sus autoridades de salud por considerar que estos no cometieron delitos de lesa humanidad ni autoría mediata (con dominio del hecho).
Sin embargo, abogado Carlos Rivera, quien representa a 15 de las 2.074 víctimas, apeló el fallo fiscal que ordena el archivamiento del caso, denunciado como violación a los derechos humanos,
Durante el Gobierno de Fujimori se esterilizó a 272.028 mujeres y a 22.004 hombres, casi en su totalidad pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, según el organismo Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).
De esa cantidad, 2.074 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento, algunas de las cuales fallecieron por complicaciones posteriores a las cirugías.