El Ministerio Público estima que la gravedad de los presuntos delitos que involucran al cómico Andrés Avelino Hurtado Grados, “Chibolín”, a la fiscal superior Luz Elizabeth Peralta Santur y al empresario Javier Miu Lei configuran una prognosis de pena de 20 años de prisión en cada caso.
Mañana proseguirá la audiencia judicial ante el pedido de 18 meses de prisión preventiva que ha solicitado la Fiscalía y que evaluará el juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.
El fiscal supremo Juan José Castillo Nieto, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, sustentó en el auto de prisión preventiva los pormenores del requerimiento.
En el documento difundido por LP Derecho, según la Fiscalía, los presuntos delitos son cohecho activo específico, tráfico de influencias agravado, tráfico de influencias e instigador del delito de tráfico de influencias.
La sumatoria por concurso real de delitos alcanza los 20 años de cárcel y supera ampliamente el requerimiento mínimo para una prisión preventiva, que es de 4 años.
Peralta
En la hipótesis de la Fiscalía, existen fundados y graves elementos de convicción para una prisión preventiva de Peralta.
En razón de sus antecedentes, tratará de eludir la acción de la justicia (posible fuga) u obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).
Se duda del arraigo domiciliario pues la fiscal no da una información clara.
Asimismo, su condición de soltera sin carga familiar (sus dos hijos son mayores de edad y no viven con ella) le otorgan un arraigo familiar endeble.
“A la fecha no tiene un arraigo laboral de calidad”, precisa el Ministerio Público, por cuanto también ha sido suspendida de su cargo.
De otro lado, Peralta muestra una alta probabilidad de viajar fuera del país, aun cuando haya entregado su pasaporte a la Fiscalía: puede viajar al exterior con solo el DNI.
El elemento más fuerte sería el peligro de obstaculización. Un ejemplo de ello, dice la Fiscalía, es su negativa a reconocer que el celular N° 920 778 740 como suyo, pese a que el Ministerio Público reitera que le asignó oficialmente dicho número.
Hay constancia de llamadas desde ese teléfono al fiscal Lucio Sal y Rosas por el tema de la devolución del oro.
Hurtado
En el caso de “Chibolín”, ha brindado diversas direcciones domiciliarias que han impedido a la Fiscalía a concluir que “no tiene arraigo domiciliario”.
En cuanto al arraigo familiar, se ha establecido que es divorciado y vive solo desde hace diez años. Dos de sus hijas viven en EE.UU., “lo que
aumenta el riesgo que el procesado pueda recurrir a ellas para abandonar la acción de la justicia”.
Tampoco tendría arraigo laboral desde que su contrato con Panamericana Televisión quedó sin efecto.
En cuanto a Javier Miu Lei, se señala que pretendía huir del país con su cónyuge sus dos menores hijos dadas las facilidades que el gobierno mexicano le habría ofrecido para otorgarle el asilo.
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