El lunes 4 y martes 5 de febrero serán recordados como los días en que el Gobierno, frente a su incapacidad de solucionar un problema, se apoyó en ese transporte informal que le debe millones de soles al Estado en multas. Toda una experiencia desagradable de caos y confusión que vivieron los usuarios ante la ausencia del servicio del Corredor Morado, refiere Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar.
“De la noche a la mañana, sin que haya ninguna otra forma de enmendar un problema, el Estado ofrece el servicio de transporte tradicional de empresas, que pese a tener el titulo habilitante, la tarjeta de circulación otorgada por la ATU, continúan con la irresponsabilidad de sus obligaciones”, destaca el especialista. En suma, fueron dos días en que el desorden y la confusión se apoderaron con mayor intensidad de los paraderos de Lima.