Ante la necesidad de una ciudad más sostenible que permita el acceso a alimentos frescos y saludables para la población, la sociedad civil, representada por la Plataforma de Agricultura Urbana de Lima (PAUL), exhorta a que se amplíe la Ordenanza Nº 1629, la misma que promueve la agricultura urbana como estrategia de gestión ambiental, y propone la inclusión de temáticas clave para que sea compatible con el contexto actual.

“Esta incorporación de temas a impactar es sumamente relevante tras los cambios que hemos vivido desde la pandemia: el incremento del hambre en la ciudad, los altos índices de inseguridad ciudadana, el interés desmedido de cambio de uso de suelos, la dificultad y alto costo de distribución del alimento, y por ende, la falta de acceso a alimentos limpios y nutritivos”, recalcó Freyre Pedraza, representante de la Secretaría Operativa de la Plataforma de Agricultura Urbana de Lima (PAUL).

Sin embargo, tras un año de trabajo entre gerencias técnicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Plataforma de Agricultura Urbana de Lima, ECOSAD, entre otros, no se ha podido priorizar su aprobación en espacios políticos. “No es una actividad de segundo plano, es indispensable para hacerle frente a la crisis alimentaria mundial, reactivación económica y una alimentación saludable que enfrente a la anemia y la contaminación de pesticidas y aguas servidas”, resalta Pedraza.

Esta ampliación contempla nuevos enfoques como la promoción de la agricultura urbana y periurbana en nuestra capital, como política de producción, abastecimiento y alimentación saludable en su lucha contra la pobreza e inseguridad alimentaria. Es una estrategia para el desarrollo de una ciudad resiliente y un sistema alimentario sostenible.

“Esta propuesta que no altera la ordenanza original, sino incorpora otros temas importantes en la actualidad, beneficia a todos, pero principalmente a las familias más vulnerables en distritos de difícil acceso que se alimentan a través de las ollas comunes, comedores populares y huertos urbanos comunitarios y no involucra un presupuesto agregado en su implementación, pero sí un compromiso desde la gestión edil y sus representantes, la realización de convenios de cooperación, alianzas estratégicas y proyectos con otras entidades del Estado, de la academia y de la sociedad civil”, resaltó Pedraza.

Finalmente, esta iniciativa requiere de la opinión favorable de las comisiones de regidores: comisión metropolitana de salud pública y desarrollo social y la comisión metropolitana de comercialización y defensa del ciudadano en un tiempo corto, debido a que cuenta con todas las observaciones técnicas subsanadas de las gerencias municipales y requiere una revisión con carácter de urgencia para su aprobación y, posterior a ello, se pueda pasar al proceso de implementación.


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