La Municipalidad Metropolitana de Lima declaró la intervención y emergencia de la autopista Ramiro Prialé, una medida clave que busca solucionar los problemas de infraestructura y seguridad en una de las vías más transitadas de la capital. Mediante la ordenanza 2644, se determinó que la concesionaria Rutas de Lima dejará de estar a cargo de la vía y, en consecuencia, no podrá seguir cobrando peajes en esta ruta.
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Medida
De acuerdo con la ordenanza, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) asumirá la responsabilidad de las obras de mejoramiento y ampliación de la movilidad urbana, específicamente en la intersección de las avenidas Las Torres y Ramiro Prialé, en Lurigancho-Chosica. Esta intervención buscaría garantizar la seguridad y transitabilidad de los usuarios, ante la paralización de los trabajos por parte de la concesionaria. Desde que la vía fue concesionada a Rutas de Lima en 2013, las obras han estado marcadas por retrasos.
La empresa había atribuido la falta de progreso a problemas con permisos y expropiaciones pendientes, así como a la presencia de un camino inca que requería intervención del Ministerio de Cultura. No obstante, la Municipalidad de Lima ha desestimado estos argumentos, optando por una intervención directa para asegurar que las mejoras necesarias se lleven a cabo.
Martín de Acevedo, presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal, respaldó la decisión, indicando que esta medida busca consolidar la propiedad municipal de los terrenos expropiados y recuperar los recursos utilizados en las intervenciones. La acción de la municipalidad subraya la importancia de mantener el control de proyectos estratégicos para la ciudad, especialmente cuando el concesionario no cumple con sus obligaciones.
Además, se ha encargado a la Gerencia de Fiscalización y Control, junto a la Procuraduría Pública, continuar con las acciones legales necesarias para asegurar la consolidación de la propiedad municipal de los terrenos.
Más acciones
La Gerencia de Promoción de la Inversión Privada también ha sido instruida para coordinar con la Procuraduría y exigir a Rutas de Lima el reembolso de los recursos utilizados en las intervenciones hasta la fecha. Esta medida busca asegurar que los fondos públicos invertidos en la autopista sean recuperados y utilizados de manera eficiente para finalizar las obras pendientes.
La situación actual en la autopista Ramiro Prialé es un reflejo del caos que generan las obras inconclusas en la capital del Perú, que afectan tanto a la transitabilidad como a la calidad de vida de los ciudadanos.
