El rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Orestes Cachay, figura en la lista de las 487 personas a quienes se les aplicó la vacuna de Sinopharm destinadas al personal relacionado con el estudio clínico que el laboratorio chino realizó en el país.
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De acuerdo a la información, Cachay Boza accedió a la primera dosis el 29 de diciembre del 2020 y a la segunda el 19 de enero de este año. En la lista también aparece el vicerrector Felipe San Martín Howard.
Durante la pandemia por el nuevo coronavirus, el rector se mostró a favor de la construcción, por parte del Seguro Social de Salud (Essalud), de un hospital modular para la atención de pacientes COVID-19, en un terreno situado en San Juan de Lurigancho.
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Sin embargo, la Decana de América, Cachay, hizo un llamado al Congreso de la República para que debata el proyecto de ley 6149-2020-CR, el cual permitirá restituir a la casa de estudios el mencionado terreno, actualmente en manos de otra universidad.
Asimismo se conoce que el médico e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Eduardo Ticona, informó que 88 miembros de la unidad de ensayos clínicos -a cargo de la Decana de América- se vacunaron con ambas dosis contra el COVID-19 del laboratorio Sinopharm.
Durante su presentación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, el médico confirmó que sí recibió la vacuna porque así lo mandaba el protocolo para reducir el riesgo de contagios de los investigadores.
Un vocero de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aseguró a este diario que esta tarde emitirán un comunicado oficial con la posición de la casa de estudios frente a estos hechos.
Sobre la lista que recibieron vacunas
La noche de lunes, el presidente Francisco Sagasti informó que recibió la lista de 487 vacunados con la dosis de Sinopharm, información remitida por parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
El jefe de Estado detalló que la lista fue remitida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Congreso, a la Contraloría General de la República, al Congreso de la República, la Procuraduría General del Estado y la Comisión investigadora del Ministerio de Salud.