El nuevo presidente de la República, José María Balcázar, tiene programada una comparecencia judicial el 16 de junio próximo ante el Poder Judicial. La Fiscalía lo investiga por el delito de apropiación ilícita de recursos del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque durante su etapa como decano.
Balcázar juró como jefe de Estado el miércoles 18 de febrero, tras la censura parlamentaria a José Jerí. Sin embargo, deberá asistir a un juicio oral en Chiclayo por hechos ocurridos en 2019.
Según la Fiscalía de Chiclayo ese mismo año, Balcázar asumió la decanatura del ICAL en Lambayeque. La acusación indica que ordenó depósitos de pagos de colegiados en cuentas a su nombre personal.
Esos ingresos incluían colegiaturas, cuotas regulares y fondos mortuorios de los abogados afiliados. La tesis fiscal sostiene que no los transfirió a las cuentas institucionales hasta el fin de su mandato en diciembre de 2020.
La citación judicial data de agosto pasado y advierte sobre declaración de reo contumaz si no asiste. El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo programó la audiencia inicial.
Detalles del peritaje y movimientos financieros
Un peritaje contable detalla movimientos en dos cuentas abiertas por Balcázar en la Caja Municipal de Trujillo. En 2019 ingresaron S/ 110,763 en efectivo, con retiros por S/ 102,421; en 2020, depósitos por S/ 505,258, retiros por S/ 492,909, saldo final retirado el 2 de enero de 2021 sin acta de entrega.
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Chiclayo concluye que Balcázar se apropió ilícitamente de esos fondos. Ignoró requerimientos de la directora de Economía Rosa Pizarro Piscoya y el vicedecano Yuri Díaz Jaime para devolverlos.
El Ministerio Público califica a Balcázar como autor del delito por no justificar saldos ni depositar en cuentas del ICAL. El proceso judicial continúa pese a su investidura presidencial.
El ICAL emitió un comunicado el día de la elección presidencial rechazando su candidatura. Alertó sobre imputaciones éticas, civiles y penales por perjuicio a la institución.
La orden profesional objetó la postulación de Balcázar por su inconducta pasada. Considera que daña la dignidad de los abogados peruanos.
“En ese sentido, alzamos nuestra voz de protesta [...] oponiéndonos firmemente a dicha candidatura, por razones que consideramos justificadas, sustentadas y probadas, toda vez que cuando el señor Balcázar desempeñó el cargo de decano [...] se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, tales como la apropiación de fondos de la institución, cambio de titularidad en las cuentas en distintas entidades financieras, querellas, defraudación de persona jurídica, etc.”, indica el comunicado.
El Consejo de Ética del ICAL lo expulsó definitivamente el 13 de agosto de 2022 tras proceso disciplinario. El Tribunal de Honor confirmó la sanción el 2 de diciembre de 2024.
El mandatario interino se niega a rendir cuentas de gastos en su gestión, según el colegio. Existen denuncias penales pendientes, dilatadas por su inmunidad parlamentaria previa.
