El presidente de la República, José Jerí, lideró una requisa total en los penales de Huacho y Huaral, como parte de las acciones contra la delincuencia organizada que opera desde centros penitenciarios.
La operación se realizó pabellón por pabellón y reo por reo, ante los altos índices de criminalidad registrados en el norte chico, una zona donde, según indicó el mandatario, los penales se han convertido en focos de articulación delictiva.
Incautación de dinero, droga y armas
Durante la intervención se incautó una importante cantidad de dinero en efectivo, droga, armas blancas y agendas con nombres y números telefónicos que presuntamente eran utilizados para coordinar actividades criminales desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
“Era fundamental venir al penal para limpiarlo 100%. Estamos tomando control pleno para cortar las líneas de comunicación de los internos”, sostuvo el jefe de Estado tras culminar la requisa.
Traslado de internos peligrosos
El presidente Jerí informó que los reclusos considerados de alta peligrosidad serán trasladados a penales de máxima seguridad, entre ellos el establecimiento penitenciario de Challapalca, donde se les impondrán regímenes especiales de internamiento.
Según explicó, el control total de los penales responde a un análisis estadístico realizado en el marco del estado de emergencia y de la estrategia nacional de lucha contra la inseguridad ciudadana.
Reforma del sistema penitenciario
En ese contexto, el mandatario reafirmó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) será reemplazado por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).
“Estamos afinando los detalles y los procedimientos. Será una transición compleja, porque siempre hay resistencia al cambio, pero es necesaria por los resultados que buscamos”, señaló.
Inspección en Lima Norte
De manera previa a la requisa, el presidente José Jerí encabezó una inspección técnica y operativa en la Región Policial Lima Norte, con sede en Huacho.
Durante la visita, verificó el estado de la infraestructura policial y el uso de los recursos públicos, con el objetivo de asegurar que estos se empleen de manera eficiente y estén al servicio de la ciudadanía.
