Tras la declaratoria de emergencia en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, de la región Piura, y ante los continuos atentados criminales que cada vez son más elaborados, se deslizó la posibilidad de incorporar el delito de terrorismo urbano en el Código Penal.
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Para el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el término ‘terrorismo urbano’ o ‘violencia urbana’ existe “cuando se propala una situación que atemoriza a la población y que ciertamente crea el caos y desconcierto”.
Anexado a esto, la reciente propuesta del alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo Oliva, que busca que la extorsión y el sicariato sean considerados como terrorismo urbano, no ha sido descartada desde el Ejecutivo.
“Hemos podido ver cómo así es que están lanzando granadas en lugares públicos y tenemos que poner coto a esto. Las granadas llegan a este lugar por alguna razón y por eso el Mindef ha dispuesto una auditoría, por ejemplo, a todo el material de guerra para tratar de encontrar una ruta o explicación de lo que está pasando”, argumentó Otárola.
Lima pide ley por terrorismo urbano
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se mostró a favor de una ley contra el terrorismo urbano. “Ya estamos en un terrorismo urbano, que pongan una granada a un grupo musical en SJL es terrorismo acá y en la China. Esa ley fue derogada en la época de Toledo. Los caviares de porquería que estaban gobernando”, indicó Aliaga a la prensa.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, vio con buenos ojos la incorporación del delito de terrorismo urbano, debido al “aumento del uso de explosivos y aniquilamientos selectivos” por parte de las bandas criminales.
¿Existe un proyecto de ley sobre terrorismo urbano?
Sí, en julio del presente año, el congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros presentó una propuesta legislativa para incorporar el delito de terrorismo urbano en el Código Penal.
Esta iniciativa busca que se sancione con una pena privativa de libertad no menor de 25 años a toda persona que cometa este delito. Se trata del Proyecto de Ley N° 5525/2022-CR cuyo fin es reducir los índices de delincuencia y violencia.
En caso de aprobarse esta iniciativa, se añadiría el artículo 315-B al Código Penal, estableciéndose los siguiente criterios para procesar a una persona por terrorismo urbano:
- El que, de manera individual u organizada, indistintamente de su motivación o ideología, crea o mantiene un estado de inseguridad ciudadana en la población o una parte de ella a través de la delincuencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años.
- La pena será no menor de treinta años, si se usan armas, artefactos explosivos o se genera la muerte de una persona.
Este proyecto de ley se encuentra actualmente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a espera de poder ser revisado y debatido por el grupo de trabajo.
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