Rímac: banda falsificaba licencias de conducir para motos y mototaxis y lo entregaba a delivery

Una banda que falsificaba licencias de conducir para motos y mototaxis y las ofrecía a través de las redes sociales y por Marketplace a S/80, con la facilidad de pago contra entrega y el servicio de delivery gratis, fue desarticulada por agentes de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri, a la que le incautaron 300 brevetes listos para su entrega.

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Según informó el coronel PNP Edgardo Huamán Santa María, jefe de la referida unidad, esta gavilla operaba desde el inicio de la pandemia.

Este golpe a la delincuencia tuvo sus frutos gracias a un trabajo de vigilancia y seguimiento a cinco personas que supuestamente realizaban trabajo de delivery, pero que extrañamente salían llevando sobres de una vivienda familiar ubicada en el jirón Manuel Vargas, en el Rímac.

Así los detectives detuvieron a Joseph Sánchez Conde (28), Melanie Carhuapoma (19) y Eduardo Herrera (19), quienes se aprovechaban de la necesidad de ciudadanos que buscaban obtener dicho documento para conducir vehículos menores, sostuvo el coronel.

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El oficial explicó que el modus operandi consistía en emitir anuncios por Marketplace o por el Facebook por donde captaban a desesperados clientes. Luego los llamaban por teléfono y les pedían todos los datos y foto del interesado y les aseguraban la entrega a domicilio con delivery gratis. Por el trámite y entrega de la licencia el precio era de S/80.

Cada uno tenía una función en la banda. Uno se encargaba de imprimir el documento falso con un equipo especial, otro tenía la responsabilidad de la entrega y otro de captar a los clientes.

Al momento de la intervención los detectives incautaron 300 licencias de conducir categoría BII y C, diversos documentos y S/ 3,000.00. Las licencias tenían la firma y sello de los supuestos gerentes de transporte público de diversos municipios de Lima.

Los detenidos serían autores del delito contra la fe pública, falsificación de licencias de conducir que tiene una pena privativa de libertad de hasta diez años, precisó el coronel Huamán Santa María.

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