Tras reportarse que organizaciones criminales utilizaron armas peruanas, específicamente armas AR15, en la emboscada y asesinato del candidato a la presidencia ecuatoriana Fernando Villavicencio en agosto del año pasado, la Sucamec emitió un comunicado haciendo sus descargos.
“A la fecha, la Sucamec no ha recibido información de la Dirección de Investigación Criminal (DIRNIC) de la PNP, sobre el número de serie del supuesto fusil que, según el reportaje, fue utilizado para asesinar a Villavicencio; por tanto, este hecho no ha sido corroborado en los sistemas del ente rector en armas de uso civil, como un arma que se haya denunciado como pérdida”, se indicó.
Asimismo, se indicó que el gerente de Armas de la Sucamec, Ronald Rejas Albujar, atendió por más de 50 minutos a la periodista María Horna del Programa Punto Final, quien “nunca le consultó sobre el tema en mención, siendo la entidad que podría haberle confirmado o desmentido la información y se hubiera evitado imprecisiones en lo revelado”.
“La entidad rechaza categóricamente la información malintencionada que declaró en ese mismo espacio, el Sr. Néstor Andrade Musiris, director de la Asociación de Propietarios de Armas de Fuego, (APLAF), quien responsabilizó a la Sucamec de favorecer con sus autorizaciones al tráfico de la armas”.
Cabe precisar, que en el año 2023, la Sucamec advirtió sobre los vacíos legales en la actual Ley N° 30299 (Ley de Armas), y con el fin de corregir estas distorsiones solicitó en su oportunidad a través del Mininter la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana, para legislar en materia de armas. Sobre el particular, la Sucamec también presentó ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) en diciembre último las propuestas más urgentes que requiere esta ley.
