Los vecinos del asentamiento humano Oasis, en Villa El Salvador (VES), llevan 16 años esperando la construcción de una comisaría comprometida para su zona. El terreno está habilitado, la transferencia al Ministerio del Interior se concretó y el proyecto tiene respaldo legal; sin embargo, la obra permanece detenida entre trámites y cambios de autoridades.
En un contexto de asaltos, extorsiones y aumento de la criminalidad, los residentes reclaman una pronta ejecución. “Tenemos que construir de una vez porque la delincuencia es diaria”, afirmó para América TV, Alejandro Quiñonez, vecino del sector 7, donde solo funcionan dos comisarías para más de 80 mil habitantes.
¿Por qué no avanza el proyecto?
El terreno de 1.400 m² destinado a la nueva sede policial ya fue transferido al Ministerio del Interior y, según los pobladores, incluso se habría nombrado a un futuro comisario. No obstante, el proyecto continúa paralizado por trabas administrativas.
“Nos dijeron que este año se construiría, pero ya se acaba el año y no hay nada. Faltan documentos por firmar”, señaló Sebastián Villayzán, otro residente afectado.
La Municipalidad de VES informó que el expediente técnico —que incluye planos, estructuras e instalaciones— aún está en revisión por el Ministerio del Interior. Solo tras su aprobación se podrá pasar a la etapa de licitación y posterior ejecución.
Autoridades locales piden acelerar la obra
El alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo, exigió públicamente al presidente José Jerí agilizar el proceso. “Es insuficiente tener solo dos comisarías. Hicimos todo el proyecto, firmamos el convenio, y ese trámite duró seis años”, declaró el 14 de octubre.
Pese a las gestiones municipales, hasta el momento no hay fecha confirmada para el inicio de la obra.
Inseguridad y riesgo de invasiones preocupan a los vecinos
La prolongada espera incrementa la ansiedad de los residentes. “Es solo un trámite administrativo, pero ya no podemos seguir esperando”, advirtió Jesús Valencia, vecino de la zona. “El temor es de todos. Llevamos 16 años gestionando esto”, agregó el dirigente Alberto Chamorro.
Además de la inseguridad cotidiana, existe preocupación por la posible invasión del terreno asignado, que permanece sin construcción desde hace más de una década y media.
