El proceso de licitación del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento para 96 asentamientos de Castilla, Piura y Veintiséis de Octubre, valorizado en más de 600 millones de soles, no tendría que ser suspendido, pues no existirían impedimentos legales, de acuerdo al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y Contraloría General de la República.
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El pronunciamiento N° 44-2024/OSCE-DGR del OSCE del 24 de enero del presente año señala que se subsanaron las observaciones planteadas al expediente técnico de la mencionada obra.
“Se procederá a la integración definitiva de las bases a través del Seace, en atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento. Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio cumplimiento para la entidad y los proveedores que participan en el procedimiento de selección”, dice el informe de Osce.
Agrega que tras el pronunciamiento y registro de la integración de bases definitivas, corresponderá al comité de selección modificar en el cronograma del procedimiento, las fechas del registro de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, teniendo en cuenta que, entre la integración de bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de 7 días hábiles.
En tanto, la Contraloría General de la República, con fecha 28 de febrero, emitió un informe recomendando que todos los procesos para la ejecución de la obra sigan su curso normal, por lo que cualquier intento de dilatación por razones técnicas no tendría asidero legal.
El alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, dijo que este proceso podría suspenderse nuevamente debido a maniobras cuestionables de funcionarios del Ministerio de Vivienda y perjudicaría a más de 480 mil piuranos de las zonas periféricas de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre y desataría un clima de convulsión social.
La autoridad precisó que, además, maneja información sobre las maniobras irregulares de miembros del organismo ministerial para tumbarse el proyecto.
Esto, según la autoridad edil, no sería más que un acto de dilatación para dejar sin los fondos de la obra a Piura. “Quieren afectar a una provincia importante, que aporta al erario nacional, para llevar esos recursos a otras ciudades”, manifestó el alcalde Gabriel Madrid Orue.
Ante esta situación, el burgomaestre provincial fue tajante al afirmar que usará todos sus fueros para defender los intereses de la provincia. Por tal motivo, señaló que procederá por la vía legal y denunciará al comité de contrataciones del Ministerio de Vivienda y al director del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) ante la Fiscalía y la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.
VIVIENDA SE PRONUNCIA
A través de un comunicado, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento afirmó que se está realizando un acto de hostigamiento e intento de manipulación contra la institución y el Comité Especial evaluador, al amenazar con marchas y comunicados, para que se realice la licitación. Agregó que el comité ha solicitado una ampliación de plazo hasta el 7 de marzo, para licitar la obra.
