El órgano de control advirtió un grave riesgo a la salud de la población por la falta de galenos, medicamentos esenciales y hasta el chofer de ambulancia en siete establecimientos de salud del primer nivel de atención en las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón.
El órgano de control advirtió un grave riesgo a la salud de la población por la falta de galenos, medicamentos esenciales y hasta el chofer de ambulancia en siete establecimientos de salud del primer nivel de atención en las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón.

Luego de la muerte del congresista Hernando Guerra García, en Arequipa, salió a relucir el deplorable sistema de salud y prueba de ello es lo que encontró la Contraloría General de la República, lo que significaría un grave riesgo a la salud de la población por la falta de médicos, medicamentos esenciales y hasta el chofer de ambulancia, en siete establecimientos de salud del primer nivel de atención en las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón, en la región .

Se trata de los centros de salud de Silahua, Arenales (Frías, Ayabaca), Salalá, El Carmen y  Rosarios Bajo (Carmen de la Frontera), El Papayo (Lalaquiz) y Tablones (Yamango), donde los auditores constataron las graves carencias que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos de la sierra piurana.

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Las conclusiones figuran en el informe de visita de control N° 18527-2023 que se elaboró en base al recorrido hecho entre el 4 y 8 de septiembre en los establecimientos que están bajo la administración de la Dirección Regional de Salud (Diresa).

Entre las mayores deficiencias destaca la falta de personal médico y asistencial. Esto se evidenció en el establecimiento de salud de El Papayo, donde se había asignado un médico cirujano cuando le correspondía el doble o más. Además, el lugar no contaba con personal de laboratorio para atender a la población pobre no extrema.

Al contar con un solo médico, refiere el informe de control, se pone en riesgo la calidad y la continuidad del servicio.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue la falta de una gran cantidad de medicina y kits básicos para atender casos de violencia contra la mujer.

De la muestra de siete centros, en todos hubo desabastecimiento, siendo el caso más grave en el establecimiento de salud de Rosarios Bajo, donde se detectó falta de 55 tipos de medicina.

En sus almacenes faltaba desde insumos básicos como agua para inyección, aguja y alcohol etílico, hasta medicamentos como la amoxicilina, ciprofloxacino, epinefrina, dextrometorfano, diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno, entre otra medicina.

En segundo lugar quedó la posta de salud de El Carmen, que no tenía 43 medicamentos de gran valor para atender las dolencias de la población de esta zona fronteriza. Le siguen los establecimientos de Silahua y Arenales con falta de 15 y 12 insumos médicos, respectivamente.

Según la Contraloría, este desabastecimiento de insumos vulnera la ley 294509 de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, en la cual señala que los servicios públicos de farmacia deben asegurar una reserva mínima de medicina de acuerdo a la población.

“Los hechos expuestos ponen en riesgo el tratamiento, conservación y restablecimiento de la salud de los pacientes”, se lee en el informe.

Además de la falta de médicos y de medicina esencial, los familiares de los pacientes graves debían soportar que no había chofer asignado para la ambulancia que debía llevarlos a un centro de salud de mayor nivel.

Esto sucede en el centro de El Carmen, en el cual se detectó que no hay programación de choferes para cubrir durante las 24 horas del día, a pesar de contar con el servicio de ambulancia.

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