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La Contraloría General de la República detectó en el expediente del saldo de obra del tramo II de las defensas ribereñas del río Piura que no se hizo la deducción de trabajos de protección de metrados que habían sido efectuados por otra empresa en el 2018, lo que conllevaría a un incremento injustificado de los costos y el plazo de ejecución.
De acuerdo al informe de hito de control N° 9749-2021-CG/GRPI-SCC, realizado del 1 de febrero al 22 de marzo del 2021, al expediente de saldo de obra: “Mejoramiento y ampliación de servicio de protección contra inundaciones de la ciudad de Piura y Castilla, entre los puentes Cáceres e Integración de la margen derecha e izquierda del río Piura”, el órgano de control halló inconsistencias en el expediente de saldo de obra aprobado el pasado 29 de enero con la resolución N°006-2021/Gobierno Regional de Piura-GRI-DGC, por un monto de S/ 51′765,350.54 y un plazo de 300 días calendario.
La Contraloría precisó que no se realizó la deducción de los metrados que habían sido realizados en el año 2018 por la empresa Incot SAC- Contratistas Generales, a la altura del puente Juan Pablo II, donde existe un tramo revestido con geoceldas rellenas de concreto en ambas márgenes del río, tal y como lo advirtieron en un informe anterior con fecha 12 de agosto del 2019 al Gobierno Regional de Piura.
Del mismo modo, con respecto a los rendimientos del presupuesto, el órgano de control detalló que tanto el expediente técnico inicial como el expediente técnico de saldo de obra son iguales y no tienen variación alguna; sin embargo, el expediente de saldo de obra muestra partidas con una duración mayor y metrados por debajo al inicial.
Los auditores también detectaron que no se realizó la deducción en el expediente de saldo de obra sobre los materiales inventariados, tras la resolución del contrato al consorcio Protecciones Piura y Castilla.
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Ambos octogenarios fueron beneficiados con la vacuna debido a una selección técnica realizada por el Minsa, a través del Seguro Integral de Salud (SIS), y supervisado por la Contraloría General de la República.
