La Contraloría identificó a once funcionarios, entre ellos al exrector encargado de la Universidad Nacional de Piura (UNP), con responsabilidad penal y administrativa por el servicio de mantenimiento del Parque Informático y de Telecomunicaciones de la UNP, donde se habría registrado un perjuicio económico de S/ 373,400 durante el periodo del año 2021.
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De acuerdo al Informe de Control Posterior N° 015-2023-2-0203, la Contraloría señaló que la Universidad Nacional de Piura, en el año 2021, ejecutó el gasto por el servicio de mantenimiento del Parque Informático y de Telecomunicaciones de la UNP, al margen de la ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y efectuó el pago de dicho servicio, sin el sustento correspondiente y sin acreditar la prestación efectiva del mismo, generando un perjuicio económico a la UNP por 373,400 soles.
El documento precisa que se advirtió que el servicio fue solicitado desde la Oficina Central de Tecnología de Información, donde el entonces rector Omar Vences aprobó el documento y autorizó el pago por el monto ya mencionado a un total de 54 personas, quienes presuntamente ejecutaron dicho servicio, lo cual se desembolsó pese a que este personal no sustentó la ejecución de estos trabajos.
Este procedimiento de pagos se debió a que los funcionarios y servidores que participaron en este requerimiento, la determinación de la modalidad de ejecución y la conformidad del servicio, aprobaron este proceso de pago sin considerar las normativas legales.
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Durante este proceso ejecutado durante el 2021, la Contraloría advirtió que 11 funcionarios, incluido el exrector de la UNP Omar Vences, fueron involucrados por presuntas irregularidades.
Entre ellos tenemos a Luis Alberto Calle Estrada, Percy Hilario Casas Lazo, Cinthya Del Socorro Alzamora Rivas, Natalia Irene Huiman Seminario, José Félix López Ruiz, Karina Galecio Angeldonis, Jassayra Araliz Chulle Chapilliquén, Jorge Eduardo Garces Agurto, Patricia Elsa Valdiviezo Criollo y Betsy Emily Zamora Vignolo.
El exrector Omar Vences señaló que “fue un servicio realizado por administración directa, por el cual la Contraloría no lo pone en duda, ya que se ejecutó según informes técnicos desde la gerencia hasta el área involucrada”.
“Nosotros como autoridad autorizamos porque se nos informó que era pertinente y necesario y en función de eso lo hemos hecho. En el perjuicio económico ahí la Contraloría está catalogando mal las cosas porque sería perjuicio si la plata se hubiera perdido, hubiera habido peculado u otra cosa, pero el servicio ha sido ejecutado y en función de eso y como era obra por administración directa se ha hecho los pagos a cada persona que ha trabajado en el servicio. Particularmente no lo veo así (perjuicio económico), ya se ha contestado y tendrá que evaluar los descargos. Espero que la Contraloría tenga la suficiente capacidad para poder entender qué se hizo y pueda resolver de manera justa”, indicó la exautoridad.
