La Contraloría, a través de una auditoría de cumplimiento ejecutada por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía Nacional del Perú (PNP), evidenció que el Fondo de Vivienda Policial de la Policía Nacional del Perú (Fovipol) favoreció indebidamente con pago de adelantos por S/25′086,800 a un contratista y un desarrollador inmobiliario que se adjudicó dos programas de vivienda en Piura, por un total de 680 viviendas, las cuales no han sido culminados ni entregadas a los beneficiarios.
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El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 050-2023-2-3792-AC, cuyo período de evaluación fue del 5 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, señala que para los proyectos de vivienda Las Palmeras de San Pablo, en la provincia de Piura, y Oasis de Colán, en Paita, los funcionarios del Fovipol gestionaron y suscribieron contratos de fideicomiso con Cofide, pese a no contar con dicha facultad.
En ambos proyectos debieron ejecutarse 680 viviendas unifamiliares (casas) por un valor de S/ 103′189,006, de los cuales S/ 66′120,000 corresponden al proyecto Las Palmeras de San Pablo (456 casas), S/ 34′227,200 al proyecto Oasis de Colán (224 casas), y S/ 2′841,806 para la supervisión de obra. En este caso, los funcionarios del Fovipol también realizaron un proceso de selección de ASPI, sin emplear la normativa de contrataciones del Estado en su modalidad de licitación pública, exigida en las normas de creación del Fovipol.
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Sin embargo, la ASPI fue adjudicada a Kinsa, que incumplía los requisitos establecidos en las bases del proceso, ya que presentó documentación inexacta que no acreditó su solvencia económica para la ejecución de proyectos de vivienda en Piura. Pese a ello, el contrato fue suscrito y se estableció un plazo de 18 meses contados desde enero de 2020, para la culminación de las obras. Posteriormente, se modificaron las estipulaciones contractuales para permitir la entrega de S/25′086,800 a favor del contratista en calidad de adelanto, sin cumplir con presentar una carta fianza establecida en la normativa y a cambio de eso, establecieron como garantía la constitución de una garantía hipotecaria, lo cual no está considerado en la norma.
Asimismo, la garantía hipotecaria recaería en inmuebles propiedad del mismo desarrollador inmobiliario, y que estaría sobrevalorada conforme a la tasación efectuada por el mismo Fovipol en el año 2021, que arrojó un valor comercial de S/ 3′807,158, monto que difiere sustancialmente de la tasación presentada por el desarrollador inmobiliario para constituir la garantía hipotecaria por un valor de gravamen de S/ 25′600,771, existiendo una diferencia de S/ 21′793,614, lo que indicaría una sobrevaloración, siendo este valor inferior al monto del adelanto.
La auditoría de Contraloría evidenció que pese a haber transcurrido, en exceso, el plazo contractual, hasta el momento de la emisión del informe no se realizó la entrega de las 680 viviendas a los policías aportantes al Fovipol. En ese sentido, se señala que “los hechos expuestos se originaron por el incumplimiento de las funciones y deberes de los funcionarios y servidores del Fovipol, ya que con su actuar de manera directa, parcializada, indebida y contraria a la Ley de creación de los Fondos y su reglamento”, generaron que se contrate un desarrollador inmobiliario que fue beneficiado con un adelanto de S/25′086,800, contraviniendo la normativa vigente.
