Francisco Álvarez: “Poder Judicial y Fiscalía deben juzgar con eficacia y rapidez a violadores”

El caso de la niña de 3 años de edad que fue ultrajada por el “Monstruo chiclayano” no solo despertó la indignación a nivel nacional con marchas y vigilias, sino que también la ciudadanía espera que las autoridades hagan cumplir las leyes contra los violadores.

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Al respecto, el especialista en derecho penal y catedrático de la Universidad de Piura (UDEP), Francisco Álvarez Dávila, indicó que son los operadores de justicia, llámese Poder Judicial y Ministerio Público, los que deben aplicar un juzgamiento eficaz y rápido. El penalista agregó que el gobierno debe realizar una campaña de prevención para las familias a nivel nacional.

Aplicar las leyes

Álvarez explicó que las leyes peruanas son drásticas contra los violadores.

“En el 2008 y a través de la ley 30838 se operó una última reforma en los delitos de abuso o violación sexual, como los denomino yo. Se endurecieron realmente las penas desde el punto de vista penal y procesal penal. Ahí, se volvieron a aumentar las penas. Se limitó la posibilidad de los beneficios, como la terminación anticipada y otros más”, precisó.

El especialista añadió que, a nivel normativo, han avanzado muy bien en el país y que el problema vendría por otros aspectos.

“Yo creo que más bien el tema viene por dos lados. Uno, por un juzgamiento eficaz, rápido y respetando las medidas de las personas para la condena. No hay justicia si el proceso es eterno. Y, por otro lado, debe haber un tema de prevención y creo que este es el camino más duro que sin duda a los políticos más les cuesta”, señaló.

En esa línea dijo que los trabajos de prevención significan que el gobierno debe realizar cursos y talleres para evitar la violencia contra la mujer y las personas en general, desde que somos niños hasta que uno es adulto.

Francisco Álvarez explicó que hasta el año 2008 y 2010, los casos, como el del “Monstruo chiclayano”, Juan Antonio Enríquez García (48), que agredió sexualmente a la menor de 3 años de edad, recibían penas entre 25 a 30 años, pero que ahora con las reformas que hay a partir de esa fecha, le corresponde la cadena perpetua.

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Indicó que son los operadores de justicia quienes deben aplicar correctamente las leyes contra los violadores y otros que cometan delitos.

“El Congreso de la República puede hacer el trabajo de reformar el Código Penal, pero también el otro tema es la responsabilidad del Poder Judicial y la Fiscalía, que debe aplicarlas. (…) El operador judicial tiene que saber interpretarlas correctamente”, detalló.

El abogado pidió que también realicen campaña de prevención para los jueces y fiscales, para que no emitan reprochables fallos como en el 2020 ocurrido en Ica, donde tres jueces absolvieron a un investigado por violación porque la víctima solo usaba ropa de color rojo con encaje.

“Este tipo de pensamientos y presunciones son las que claramente debilitan la condición de la mujer y, además, el riesgo que ellas tienen de ser víctimas de abuso. Lo que importa es que, si hubo consentimiento o no, independientemente del pasado personal de la víctima, la forma como se viste o como se exprese”, enfatizó Álvarez.